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El TS anula la absolución de tres responsables de una asociacion de cannabis en Barcelona

Cree que puede haber delito contra la salud pública aunque será la Audiencia de Barcelona la que resuelva con libertad de criterio
El Tribunal Supremo ha anulado anula la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis con 2.300 socios que fue acordada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Estima que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.
Sin embargo, la Sala de lo penal del alto tribunal no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, determinadas alegaciones de las defensa que quedaron sin resolver en la primera resolución.
Los acusados alegaron la concurrencia de un error de prohibición invencible -no ser conscientes de que cometían un delito- o vencible, en su actuación, que podrían operar como eximente o atenuante a la hora de dictarse sus condenas.
En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvió sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegación principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociación no eran delito.
El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.
En el caso resuelto ahora, referido a la "Asociación Cultural Línea Verde BCN", de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes.
SE DESCONOCE EL ORIGEN DEL CANNABIS
En concreto, en esta ocasión se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociación; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no había sido aún inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su número de socios, que supera los dos millares, es mucho más abultado que en los otros casos
"El número de socios es tan alto que por más que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo también de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido. Es imposible establecer unos lazos de mínimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobación de que las personas que se inscribían como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad sería suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condición de consumidor", dice el Supremo.
"Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad-; y la organización metódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil (...) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda fórmula, en absoluto. Se aproxima más a una cooperativa que a una reunión de amigos que comparte una afición perjudicial para la salud, pero tolerada", añade la Sala.
Para el tribunal, tampoco añade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligación de consumir la droga dentro del local de la asociación. "La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato", establece.
De otro modo, "quedaría la salud pública supeditada a un requisito formal: sería delito si se consiente, aunque sea esporádicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo sería si se consume en el local. ¿Qué diferencia desde la perspectiva del bien jurídico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?", apuntala la resolución.
VOTO PARTICULAR
La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociación, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jurídico que protege el artículo 368 del Código Penal.
Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de "autoconsumo conjunto atípico", aunque admite que el número de socios supera con creces el núcleo reducido de consumidores que viene fijándose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, también valora que todos ellos, como miembros de la asociación, contribuían a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin propósito de que se pudiera extender al de terceras personas.
La magistrada señala también que casos como éste desbordan los contornos de la construcción jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera atípicos supuestos de consumo plural en que un número reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisición y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.
Sin embargo, afirma que ello no es óbice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptación a la misma ante la relevancia social de la cuestión, que pretende trazar vías hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminación y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, esta Oficina de Comunicación no autoriza la difusión de datos personales contenidos en la resolución ni su inclusión en ficheros o bases de datos. Por tanto, la comunicación de datos personales será responsabilidad de los medios de comunicación.