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El TS confirmó la sanción al juez Vidal por "desconocer lo elemental": su deber de guardar la Constitución

Un total de 21 magistrados rechazaron su recurso frente a 11 que votaron a favor de levantar la sanción disciplinaria al juez catalán
El Tribunal Supremo confirmó la sanción de 3 años de suspensión al que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y actual senador de ERC Santiago Vidal -quien participó en la elaboración de una Constitución para Cataluña- por "desconocer lo elemental" en su oficio, que es que "el primer y principal deber (...) del juez es guardar la Constitución y no realizar conductas que pueden generar desconfianza en la ciudadanía sobre la efectiva vigencia del modelo de convivencia que es el Estado de Derecho".
Así se señala en la sentencia dada a conocer este martes por el alto tribunal, que deliberó y adelantó el fallo sobre este asunto el pasado 21 de noviembre. El Supremo reprocha a Vidal que en los más de cien actos públicos promovidos por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural en los que participó no optara por defender, "para definir el futuro político de Cataluña", una reforma de la Constitución realizada según prevé la propia Carta Magna en su título X.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó el recurso de Vidal por 21 votos contra 11 al estimar que incurrió en ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales prevista en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOP).
ASUMIÓ LIBREMENTE SUS DEBERES
A lo largo de 82 páginas de sentencia, que incluye los votos particulares de los magistrados discrepantes con la sanción, el Supremo recuerda que la observancia de la Constitución "es el primer y principal deber judicial del estatuto jurídico aplicable a jueces y magistrados", un deber estatutario que además se asume libremente cuando se accede a la Carrera Judicial.
La sentencia asevera que no se han castigado las ideas u opiniones del magistrado sobre cuál debe ser el futuro de Catalunya y otras cuestiones que, además están amparadas por su libertad ideológica y de expresión.
Lo que se sanciona, según explica el Supremo, es "su colaboración en la acción que han desarrollado para llevar a cabo, por la vía de los hechos, un proceso constituyente que ignora el postulado constitucional de que el sujeto constituyente es el pueblo español en su totalidad y omite los requisitos y trámites que para toda reforma constitucional se establecen en la Carta Magna de 1978".
En su comportamiento, destaca la sentencia, hay un incumplimiento constitucional que es inequívoco como también concurre un elemento de ignorancia inexcusable, un no saber o no conocer lo que en el sector de actividad en el que se mueve (...) constituye algo elemental y que se resume en "no saber lo que, por ser quien se es, no se puede dejar de saber".
Con su actuación, detalla el Supremo, Santiago Vidal demostró en su comportamiento que no sabe todo lo siguiente: que el Estado de Derecho es un orden de convivencia obligatorio y vinculante; que la Constitución es la primera y principal norma de nuestro ordenamiento jurídico, que en ella hay unos preceptos de forma clara que dicen quién es el sujeto constituyente y camino que ha de seguirse para la reforma constitucional, y que el primer y principal deber judicial del Estatuto jurídico del juez es guarda la Constitución y no realizar conductas que pueden generar desconfianza en la ciudadanía sobre la efectiva vigencia del modelo de convivencia que es el Estado de Derecho.
HECHOS PROBADOS, PARTICIPACIÓN EN MÁS DE CIEN ACTOS
Los hechos probados recogen que el magistrado intervino en compañía de otros en la redacción de una denominada "Constitución catalana" con la finalidad -política, que no científica- de ponerla a disposición, o exponerla como modelo, de quienes, desde diversas instituciones públicas o privadas, habían promovido tanto la celebración de una consulta popular (el llamado "derecho a decidir"), como la independencia de Cataluña.
Con reiteración y para presentarla, según el mismo relato, y sin ocultar su condición de magistrado en activo, intervino en más de cien actos públicos, organizados o promovidos por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, con "una actitud reivindicativa del citado proceso y consulta, justificando y apoyando los mismos, transmitiendo a los asistentes confianza sobre la legalidad del proceso, y animando a su participación".
La sentencdia razona que la conducta sancionada encaja en el tipo previsto en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Afirma que hay un inequívoco deber judicial de guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución, el primer y principal deber del estatuto jurídico aplicable a los jueces y magistrados, tanto en sus actuaciones jurisdiccionales como en las públicas con incidencia en la confianza social, que "lleva inherente el no realizar conductas que sean abiertamente contrarias a la Constitución".
La sentencia incluye cinco votos particulares, entre discrepantes por la falta de tipicidad de los hechos o la ambigüedad de los mismos y concurrentes por entender que los jueces por su condición tienen la obligación de neutralidad política que no quedaría amparada en este caso como libertad de expresión, motivo por el que algunos magistrados apoyan la imposición de costas al recurrente.