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El juez pide al TS que asuma la causa por indicios de criminalidad del diputado Antonio Gutiérrez Limones (PSOE)

El juez instructor señala el "saqueo" de la empresa municipal y cree que el ya exalcalde fue "conocedor directo" de lo sucedido
El juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que investiga la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, ha elevado al Tribunal Supremo (TS) una "exposición razonada" en la que le propone que "asuma" la causa, dados los "indicios de criminalidad" que pesan contra el exalcalde del municipio y actual diputado del Grupo socialista del Congreso Antonio Gutiérrez Limones.
El juez instructor, Javier Francisco Alba, en esta exposición razonada emitida el 31 de mayo y recogida por Europa Press, resume a grandes rasgos los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, "reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes".
Se trataba, en concreto, de "gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".
Invocando el resultado de las investigaciones de la Guardia Civil en base a dicha grabación, el juez instructor señala que las pesquisas han puesto de relieve indicios sobre un viaje a Puerto Rico en el que habrían participado el que fuera gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembros del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, "además de sus respectivas parejas". El viaje, según los investigadores, "se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur", cuyo administrador habría admitido "la falsedad de la mencionada factura".
Menciona además el juez que la investigación habría puesto de relieve gastos de viaje y alojamiento por 976 euros facturados a ACM, por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".
EL "SAQUEO" DE ACM
Así, en su exposición razonada, el juez instructor desgrana toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública", incluyendo prácticas "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado".
"Todas las irregularidades expuestas anteriormente y las descritas en los atestados de la Guardia Civil fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones, tal y como se recoge en la grabación".
Es más, el juez atisba una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones ahora investigadas", dada "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de ACM. Y es que ACM nació para gestionar los medios de comunicación municipales, pero su objeto social fue ampliado a "cuantas actividades o servicios que coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de la localidad de Alcalá de Guadaíra le sean encomendadas por el Ayuntamiento".
Dicha "modificación, aleatoria e indeterminada del objeto social", acometida con Gutiérrez Limones como presidente de la junta general de ACM al ostentar la Alcaldía, "pudo amparar toda la actuación fraudulenta que es ahora objeto de investigación e infringe la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".
LOS AVISOS DEL INTERVENTOR
Recuerda el juez, además, que "el interventor (municipal) dejó clara la actitud totalmente obstruccionista del alcalde de la localidad y de los responsables de los órganos de gobierno local y de ACM, para que se llevara a cabo el control contable y financiero de dicha entidad". "Hasta en seis ocasiones por escrito, y en más ocasiones verbalmente, se le comunicó a Gutiérrez Limones y a los concejales más próximos al mismo la necesidad de dotar con más medios personales y materiales su puesto con la finalidad de controlar las cuentas de ACM", rememora el juez, según el cual "Limones hizo caso omiso de la solicitud".
"De la testifical del interventor se pone de manifiesto, de manera indiciaria, la existencia de una actitud deliberada y obstruccionista por parte de la junta de gobierno y la junta general de ACM, ambas presididas por Gutiérrez Limones, para que no se llevara a cabo el control contable, financiero y de eficacia de la empresa pública", insiste el juez instructor.
El juez, así, detecta la posible "existencia no de actuaciones aisladas de distracción de dinero público o de irregularidades contables puntuales dentro de ACM, sino de indicios de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la entidad, Gerencia, consejo de administración y de junta general, en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público".
"CONOCEDOR DIRECTO"
"De todas estas actuaciones era conocer directo Gutiérrez Limones no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública", razona el juez, que dado que "aparece clara la existencia de indicios de criminalidad en una persona aforada", propone al Supremo que "asuma, si lo considera oportuno, la competencia en relación a la persona aforada y a los no aforados por no poder llevarse el procedimiento de manera separada".
Recordemos que ya en mayo de 2016, el juez instructor dictaba un auto acordando "dar conocimiento y traslado de la presente causa a Antonio Gutiérrez Limones (entonces aún alcalde de Alcalá de Guadaíra y ya diputado del Grupo socialista en el Congreso), para que se persone si así lo desea a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan".
Tras la emisión de dicho auto, Gutiérrez Limones decidió dimitir como alcalde de Alcalá, alegando la "incompatibilidad" orgánica en la que habría incurrido al simultanear los cargos de alcalde y de diputado, cargo que sigue ostentando con el consiguiente aforamiento.