T-Systems, registrada hoy, participó en el 9-N y la carta que envió a la Generalitat sirvió para imputar a Homs

La empresa de servicios informáticos T-Systems registrada hoy en Barcelona por la Guardia Civil ya realizó los servicios informáticos para la consulta del 9-N, por la que han resultado inhabilitados Artur Mas, Irene Rigau, Marta Ortega y Francesc Homs. De hecho, una carta que envió esta empresa a la Generalitat y la respuesta del Ejecutivo catalán fueron las pruebas que sirvieron para imputar a éste último.

El registro de T-Systems se ha producido a las ocho de esta mañana, cuando agentes de la Guardia Civil han entrado en la sede de la filial en España, situada en el distrito 22@ de Barcelona. Según los trabajadores, los agentes han precintado ordenadores de empleados y el despacho de la directora general de servicios, Rosa María Rodríguez Curto, que ha sido detenida en Madrid.

Según han dicho algunos trabajadores, se han precintado los dispositivos de todos los empleados que hayan tenido relación con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. También han afirmado que ha sido precintado el despacho de Curto, a la espera de que llegue desde Madrid hasta Barcelona para poder realizar la inspección.

No es la primera vez que la Generalitat de Cataluña recurre a esta empresa, ya lo hizo para que proporcionara el soporte informático de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Así lo declararon sus responsables en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quienes explicaron que el Ejecutivo catalán les había encargado varios programas informáticos para la votación.

Tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de suspender la consulta, esta empresa preguntó por carta a la Generalitat si debía seguir con sus trabajos o no, recibió la respuesta el día 7 --dos días antes de la consulta-- con la orden de seguir con el 9-N.

La citada carta sirvió para que el exconsejero de Presidencia de la Generalitat, Franscesc Homs, fuera imputado por el Tribunal Supremo, que después le condenó a la pena de inhabilitación. Fue Homs quien, por escrito, indicó al Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) --el que contrataba con T-Systems--, que los trabajos no estaban afectados por la suspensión del TC y por lo tanto, que T-Systems tenía que cumplir con el contrato.

Los trabajadores de T-Systems llegaron a declarar en el tribunal que la única base de datos usada para la consulta del 9-N fue un "callejero público" creado por Correos y que el aplicativo colocado en los 7.000 ordenadores del Gobierno catalán estaba "conectado" al citado callejero.

FILIAL DE DEUTSCHE TELEKOM, PARTICIPADA POR EL GOBIERNO ALEMÁN

La compañía T-Systems es una filial de la multinacional alemana Deutsche Telekom, una empresa que está participada por el Gobierno de Alemania, que cuenta con representación en el Consejo de Administración.

Los primeros pasos de esta compañía en España, según su página web, surgieron a partir de la privatización del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) en 1998, cuando lo compró la filial tecnológica de Daimler Chrysler y esa filial pasó a la órbita de la empresa alemana.

El comienzo de la actividad de T-Systems en la península se produjo en 2001, cuando el grupo Deutsche Telekom se convirtió en el principal accionista de Debis IT Services, formada por la filial tecnológica de Daimler Chrysler y que empezó a operar en España bajo al marca T-Systems.

ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES EN LAS ADJUDICACIONES

El nombre de esta empresa ya aparecía en el informe que realizó el exfiscal jefe de Cataluña y exfiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sobre la Gestión de los Gobiernos de CiU bajo la Presidencia de Jordi Pujol Soley.

Villarejo entregó en junio de 2015 este informe al entonces presidente de la Comisión de Investigación sobre el fraude y la evasión fiscal, David Fernández. En ese informe se denunciaba que los servicios informáticos de la Generalitat fueron "inicialmente gestionados por una empresa pública y posteriormente fueron externalizados mediante un concurso a favor de la empresa Debis, luego T-Systems".

Villarejo citaba un informe oficial sobre irregularidades de los últimos Gobiernos de Jordi Pujol en el que se aseguraba que "los empleados de T-Systems eran, a menudo, los responsables informáticos en determinados departamentos de la Generalitat". Añadía que mediante la interposición de esta empresa de servicios informáticos se había perjudicado "gravemente" el erario público de la Generalitat y favorecido que la empresa tuviera un "beneficio injustificado".

Según esos datos, recogidos en una información de El Confidencial en 2014, la principal operación se produjo el 20 de noviembre del 2001, cuando "el CTTI contrata a esa compañía la ejecución de la segunda fase del proyecto Administració Oberta de Cataluña (AOC)" por 7.792 millones de pesetas (casi 47 millones de euros).

"El mismo día, T-Systems presenta conjuntamente con Accenture el proyecto técnico por un importe de 37.981.080,14 euros y al día siguiente, sin que haya ningún informe técnico, el director gerente del CTTI acepta la oferta y encarga la ejecución del trabajo. Posteriormente, el Govern, el 22 de abril del 2003 adopta otro acuerdo similar al anterior por importe de 32.809.537,50 euros, que se ejecuta de manera similar a favor también de T-Systems".

Según aquel informe de Villarejo, la empresa T-Systems "subcontratará para los proyectos AOC un total de 56 millones de euros (el 71% del coste total del proyecto), hecho que pone de manifiesto que el contrato de T-Systems ha sido una manera de encargar parte de estos proyectos a las empresas que se quería, eludiendo la tramitación del concurso y vulnerando de manera evidente los principios de publicidad y concurrencia".

El informe añadía que varios de los responsables de la sectorial convergente pasaron por T-Systems y ponía como ejemplo que el director de Accenture, Marcelo Manta, la otra empresa beneficiada, era el responsable, junto a David Ribas, del Observatorio TIC de Convergencia.

Estas acusaciones de encargos irregulares a T-Systems ya se produjeron en 2010 por parte del tripartido que gobernó Cataluña con la presidencia del PSC. Durante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento, el diputado del PSC, Jordi Terrades, acusó a CiU de no haber respetado los principios de publicidad y concurrencia para subcontratar el proyecto de Administración Abierta de Cataluña.