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Susana Díaz critica que intenten "trufar" el debate de financiación e insiste en armonización fiscal para evitar dumping

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado este jueves que haya quien plantee una armonización fiscal a la baja, pues "quien plantea esas cosas o no ha querido escuchar a la mayoría de los presidentes que estuvimos en la Conferencia de Presidentes o verdaderamente quiere trufar el debate y desviar la atención", cuando ha indicado que lo que han pedido es establecer "una horquilla o tramos" en determinados impuestos.
En declaraciones a los periodistas durante una visita la Base del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Susana Díaz ha señalado que los servicios públicos en el país se financian "con las transferencias que recibimos de la financiación por parte del Estado, con los impuestos cedidos y con los impuestos propios". Así, cuando no se armonizan ciertos impuestos entre comunidades, como es el caso del de sucesiones y donaciones o de patrimonio, "hay un riesgo evidente de que se produzca dumping fiscal entre unas comunidades y otras".
En este sentido, ha indicado "hay comunidades con rentas más bajas como Andalucía, que además no recibimos lo suficiente para mantener los servicios públicos y con fondos propios tenemos que poner 2.000 millones para mantenerlos durante todo el año, tenemos que ir a los tramos más altos en determinados impuestos donde tenemos competencias".
Por contra, Susana Díaz ha explicado que hay otras comunidades que pueden hacer bajadas bastante importantes en los mismos impuestos, "y si eso pasa hay que saber la media en cada comunidad y ver si están muy al alza porque no tiene la financiación adecuada o porque quiere", mientras que también reclama comprobar si quien esta por debajo de la media "le sobra financiación para pagar los servicios públicos".
Esto fue lo que se hizo con el IRPF, que tiene tramos, pero en cambio no ocurrió igual con el impuesto de sucesiones y donaciones, que "se hizo aprisa y corriendo y nadie fijo esos tramos", como ha señalado la presidenta andaluza.
Susana Díaz defiende que "si ahora vamos a debatir sobre financiación y todos estamos de acuerdo en que cualquier ciudadano tiene que recibir los servicios públicos en las mismas condiciones, es evidente que habrá que hablar no solo del modelo de financiación sino también de ese tipo de impuestos".
"Habrá que saber a quién le sobra financiación y a quién le falta para poder mantener los servicios públicos", ha insistido la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha sostenido que "no es justo que algunos ciudadanos tengan que hacer un esfuerzo mayor para que los más ricos vivan mejor".
Ha recordado que en Andalucía se ha bajado a los trabajadores el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones porque "es de justicia" y, a su juicio, este sector de la sociedad "es el que tiene que recuperar poder adquisitivo". Pero por contra, Susana Díaz ha recalcado que los más ricos del país "se han ahorrado 600 millones y esto supone que no es un sistema progresivo".
Con todo, la presidenta de la Junta ha incidido en que "los impuestos no los pagan los territorios sino las personas", por eso cree que "hay que determinar cuál es financiación en el conjunto de país pero hay que determinar también estos ingresos para que no se produzcan dumping entre unas comunidades y otras".
Susana Díaz ha rechazado que haya quien "se empeña continuamente en enfrentar territorios y ciudadanos, sobretodo en procesos electorales", y ha afirmado que "los impuestos los paga la gente" y que "tras 40 años de democracia no se ha variado el orden de las comunidades más ricas y más pobres". Además, ha añadido que ahora, tras la crisis económica, "se abre más la brecha de la desigualdad".
"Analicemos los recursos que hacen falta y garanticemos que no haya dumping", ha sentenciado Susana Díaz antes de recordar que la línea de Europa va por este sentido pues "ha armonizado el IVA y el Consejo de Europa trabaja en armonizar el impuesto de Sociedades".
Por último, ha defendido que este debate "no es invadir autogobierno ni uniformidad, sino un elemento de justicia que lo ciudadanos y los gobiernos tenemos derecho a conocer antes de sentarnos a hablar de la financiación".