La Sindicatura Electoral dejó de reunirse oficialmente en el Parlament tras la suspensión del TC

La Sindicatura Electoral de Cataluña fue constituida específicamente para el 1-O el mismo día en que se aprobó la ley del referéndum, el 6 de septiembre: está formada por cinco miembros --Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge y Josep Pagès-- y tiene funciones equivalentes a la Junta Electoral Central.

La ley del referéndum establece en su capítulo 7 que el ente electoral "tiene su sede institucional en el Parlament de Cataluña, sin perjuicio de que pueda reunirse en otras ubicaciones", y las citadas fuentes señalan que no constan en ningún registro reuniones oficiales de este organismo como tal después de la suspensión del TC.

Cualquier grupo o diputado puede reservar un espacio mediante un procedimiento administrativo en el que los empleados del Parlament no interceden y no exigen saber ni quién va a participar en el encuentro ni el contenido que allí se va a abordar: los cinco miembros del ente se han podido reunir habiéndolo solicitado un tercero, pero "en todo caso no lo han hecho ellos oficialmente como Sindicatura".

Lo que sí es seguro es que los cinco integrantes de este han vuelto a reunirse tras la suspensión del TC como mínimo una vez, pues el 8 de septiembre, con la ley ya suspendida, nombraron a los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación.

El día antes, cuando la ley del 1-O estaba todavía en vigor, celebraron su primera y última reunión oficial en el Parlament para nombrar de entre ellos al presidente, la vicepresidenta y el secretario del ente.

Según consta en la web del referéndum, el ente ha tomado otras decisiones con posterioridad, como posponer el periodo de acreditación de entidades interesadas en participar en el referéndum, si bien no se detallan las fechas de dichas deliberaciones.

QUERELLA DE LA FISCALIA

Ante estos antecedentes, la Fiscalía de Barcelona se querelló el jueves contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya, al considerar que han realizado "actos de ordenación, regulación e impulso" del referéndum, prohibido por el TC.

La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, les acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación, considerando sus actuaciones "una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional".

La fiscal pide que se ordene a la directora de publicaciones del Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) y al responsable de publicaciones del Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) que se abstengan de dar publicidad a los acuerdos y resoluciones dictados y que pudiera dictar la Sindicatura, bajo apercibimiento de poder incurrir, cuanto menos, en un delito de desobediencia.

El nombramiento del presidente, la vicepresidenta y el secretario se llegó a publicar en el Dogc el 7 de septiembre, pero el de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación se comunicó a través de la web del referéndum.

CS PIDE INFORMACIÓN

El vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), ha registrado un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara para que no se permita "el uso o disfrute de ningún material, bien material o inmaterial, humano o intangible o de cualquier naturaleza, del Parlament" por parte de la Sindicatura Electoral.

También ha pedido que se traslade a los servidores públicos de la Cámara que impidan que "dependencias destinadas a otras personas, órganos o instituciones se utilicen para la indebida finalidad anteriormente mencionada".