Sigue el juicio a Roca y Muñoz en la Audiencia de Málaga por irregularidades urbanísticas a raíz de un convenio

En concreto, en esta causa, se investigan las supuestas irregularidades en los acuerdos urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Marbella con la sociedad Marina Mariola, el primero en abril de 1995, de cesión de excesos de aprovechamiento, el cual fue modificado posteriormente en junio de 1997, generando otro exceso distinto.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, "que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían", gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio".

Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue "persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento"; mientras que Roca era el "verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".

En su declaración en el juicio, Julián Muñoz reiteró que no tenía conocimientos ni jurídicos ni técnicos, que se limitaba a firmar lo que decía el exregidor Jesús Gil y que no recibió dinero por firmar. "Yo soy un humilde camarero", señaló, incidiendo en que lleva "20 años diciendo" que no ha negociado convenios. "Lo siento y me arrepiento", insistió.

Roca, por su parte, aseguro que él negoció "unos 600 o 700 convenios", pero insistió en que en este en concreto no participó. "No tendría inconveniente en reconocer que lo he hecho yo, lo he reconocido antes con otros, pero no lo he hecho", reiteró en varias ocasiones, añadiendo que tampoco tuvo contacto con el empresario, quien habló directamente con Gil. "Estoy aquí por un error, por llamarme Juan Antonio Roca", aseveró.

ACUSACIÓN

A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados "creían tener coartada": el alcalde, "porque no firmaba nada"; el regidor accidental "que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad"; el gerente, "que no tenía cargo público"; y los ediles, "porque no entienden de urbanismo". "Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos", dice.

En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, "el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios", les seguían "siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos", señala el ministerio público.

Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima "los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros".

"La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986", dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, "pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación".

Se señala que Roca "negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios" e "imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz". Además, apunta que "no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local", añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.

Por estos hechos, se acusa a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio; mientras que Muñoz responde de los mismos pero en concepto de autor. Al empresario se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por delito urbanístico.

Además de la pena de prisión e inhabilitación por 40 años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 4,7 millones de euros.