Santamaría acusa al independentismo de presionar a alcaldes y funcionarios por "miedo" a asumir responsabilidades

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este martes a los independentistas de "presionar" a funcionarios públicos y a alcaldes porque tienen "miedo" a asumir sus propias responsabilidades ante el referéndum que quieren convocar el 1 de octubre. Según ha dicho, ellos "ponen las presiones" para que "las responsabilidades las asuman otros".

"Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo de asumir su propias responsabilidades en un proceso ilegal. Por lo menos, que dejen de presionar para que las asuman otros", ha declarado Sáenz de Santamaría en el Congreso, durante un discurso ante los diputados del Grupo Popular para hacer balance del periodo de sesiones.

Tras afirmar rotunda ante los diputados que pueden tener la "completa seguridad" de que el referéndum no se va a celebrar, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el propio Tribunal Constitucional dice en su sentencia del 14 de febrero que cualquier acto de preparación del referéndum "era ilegal".

Además, ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "ningún gobierno que se precie puede negociar al margen de la Constitución" y ha añadido que la Comisión de Venecia recoge una serie de recomendaciones sobre cómo organizar un referéndum y las "incumplen todas".

AHORA CULPAN A LA INTERVENCIÓN

A su entender, el Gobierno catalán y los independentistas quieren "endosar la responsabilidad" de la organización del referéndum "a otros", como los alcaldes y los funcionarios. "Las presiones las ponen ellos para que la responsabilidad las asuman otros", ha espetado, para asegurar que la "presión" a los funcionarios ya es "la tónica".

En este punto, ha aludido a las informaciones que señalan que el expresidente Artur Mas se escuda en la la Intervención para evitar pagar la multa del Tribunal de Cuentas por la consulta del 9-N. "Hoy hemos conocido que algunos para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores", ha manifestado, para añadir que "hoy"cuando el Tribunal de Cuentas les pide que paguen "de su bolsillo" lo que se han gastado en la consulta "dicen que eso lo firmó la Intervención".

En este sentido, ha garantizado que el Gobierno está para "amparar al conjunto de los empleados públicos" en Cataluña y, "sobre todo para evitar que la Generalitat los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales". Es más, ha dicho que los independentistas también están ahora "presionando a los comunes" ante la posición del partido de Ada Colau ante el referéndum del 1 de octubre. "Es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad", ha exclamado.

Y después de que Colau haya dicho que pondrá facilidades para que se vote el 1-O, Sáenz de Santamaría le ha dicho con "claridad meridiana" que "no someta a los empleados públicos" catalanes a "ningún tipo de tensión" ni a tener que tomar "ninguna decisión que pueda suponerles intranquilidad". Según ha dicho, los funcionarios tienen que hacer su trabajo "dentro de la legalidad".

"SE HA PERDIDO LA NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL"

Santamaría ha denunciado la situación que están sufriendo en Cataluña los partidos no independentistas, con "acoso" por parte de la CUP a sus sedes o "ninguneo" en el Parlamento catalán, algo que, a su juicio, es "bueno que se sepa y se denuncie". También ha denunciado "presiones" a los medios de comunicación en Cataluña para recibir subvenciones si apoyan el llamado 'procéss'.

"Se ha perdido completamente la neutralidad institucional por parte de la Generalitat, que es una obligación de cualquier gobierno", ha enfatizado, para agregar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, considera ese comportamiento como una "falta disciplinaria muy grave".