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Santamaría destaca el aumento de la partida del CNI contra el terrorismo yihadista y la ciberseguridad

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este martes el aumento de la partida del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para reforzar la ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo yihadista.
En su intervención ante el Pleno del Congreso para defender las partidas de su Departamento, Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo es dotar al CNI de las herramientas necesarias para "evitar cualquier riesgo o amenaza". Por eso, ha dicho que se dedica a este órgano 161 millones, con un incremento de "casi 20 millones" para este ejercicio con respecto al 2016.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que la ciberseguridad y el terrorismo yihadista son dos "elementos claves" contra los que hay que luchar y estar preparados. Y dado que la "capacidad tecnológica" es una herramienta "esencial", ha señalado que el CNI incrementará sus efectivos en 600 personas de acuerdo con un plan a cinco años, con el fin de contar con "personal adecuado para mejorar esa tecnología".
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
Además, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que van a impulsar un plan de modernización de la administración periférica del Estado que se desarrollará en los próximos cinco años y que tiene como objetivo lograr una administración "más ágil, moderna y accesible".
Según ha indicado, el Ejecutivo del PP quiere mejorar la presencia de la Administración en cada territorio y los servicios que allí se prestan, de forma que los ciudadanos perciban las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno como administraciones "más accesibles y conectadas" para atender sus prioridades.
Sáenz de Santamaría ha subrayado además que ésta es una legislatura de "carácter eminentemente colaborativo" y ha agregado que con ese objetivo han puesto en marcha una "intensificación" de las vías de diálogo para trabajar conjuntamente con las autonomías y ayuntamientos en la prestación de servicios públicos.
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