Gómez dice que "lo sensato" es paralizar la externalización sanitaria

Según ha apuntado el líder de los socialistas madrileños, la admisión por la magistratura demuestra que el proceso de externalización "está rodeado de muchas sospechas, mucho oscurantismo y muchas irregularidades", por lo que ha instado al presidente regional, Ignacio González, a que lo paralice.

Gómez ha manifestado que la decisión judicial es la primera de un conjunto de medidas judiciales que han iniciado los socialistas madrileños, que también interpondrán "un nuevo recurso" ante la Comisión Europea el proceso de externalización el miércoles 26 de junio.

Lamela y Güemes, entre los imputados

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). El PSM se presenta como acusación popular.

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos.

Según el auto, los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".