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Anticorrupción pide que la investigación a Rato la lleve la Audiencia Nacional

Rodrigo rato saliendo detenido de su vivienda de MadridGtres

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito este lunes ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, quien investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a su asesor fiscal Domingo Plazas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales solicitando que el caso se lleve en la Audiencia Nacional, al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero.

Este mismo departamento se opuso a dicha inhibición cuando la solicitó el propio juez Serrano-Artal el pasado mes de abril, al no creer que la investigación tuviera que ver con el "caso Bankia" que ya investiga el juez Fernando Andreu. Ahora pide que el asunto lo lleve la Audiencia Nacional, sin especificar el juzgado.
En su escrito, Anticorrupción señala que como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado -un día antes de ser citado Rato a declarar, si bien se negó a hacerlo-, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.
Considera la Fiscalía que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato.
Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal. De acuerdo con el artículo 65. 1 e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la competencia corresponde a la Audiencia Nacional, según el Ministerio Público, por lo que pide al juez Serrano-Artal que se inhiba en favor de los juzgados centrales de instrucción.
Se trata de la segunda ocasión en la que se discute si debe ser la Audiencia Nacional la que investigue por este asunto a Rato, quien ya tiene diligencias abiertas en dicha sede judicial en los casos 'Bankia' y por las tarjetas 'black' utilizadas por los directivos de dicha entidad. Ambas causas son instruidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu.
Cambio de criterio
El pasado mes de mayo la la Audiencia Provincial de Madrid decidió dejar la causa por los presuntos delitos fiscales de Rato en manos del Juzgado de Instrucción en contra del criterio del juez Serrano-Artal, quien se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional por encontrar conexiones entre la denuncia que a él le había llegado por vía de la Fiscalía de Madrid y el "caso Bankia". La Audiencia, siguiendo el criterio de entonces de Anticorrupción, se negó al no encontrar dichas conexiones.
Por el momento, el instructor de la causa en los juzgados ordinarios descartaba la existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales. Únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia sobre éste último.
Así lo señaló en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación popular.
De lo ahora investigado, señalaba el juez en dicha ocasión, "el único delito que empieza a aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa la Abogacía del Estado ya personada en la causa.
En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales según el Ministerio Público.