Confirmada la fianza de 18 millones de Rato por fraude fiscal y blanqueo de capitales

En un auto hecho público este martes la Audiencia asegura que existen "datos suficientes" de que Rato "hubiera podido incurrir" en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El escrito refleja, además, que la Fiscalía no ve indicios para atribuir al exvicepresidente un tercer delito, de insolvencia punible, por lo que esa imputación es "desde este momento, descartable".

Los magistrados del tribunal madrileño reconocen que el juez impuso a Rato "una serie de medidas muy restrictivas de sus derechos" pero considera que todas ellas son "limitaciones del orden civil" y respondían a la finalidad de garantizar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los delitos que se le atribuyen y preservar el patrimonio del exvicepresidente "para que estuviera disponible en todo momento"

El auto destaca, además, "la complejidad del asunto", provocada por el entramado de sociedades mercantiles dirigidas y gestionadas directa o indirectamente por Rato, los 'terceros' que han podido intervenir. "La adopción de la caución es adecuada, razonable y ajustada a derecho", agregan.

Riesgos

Los jueces del tribunal madrileño repasan las pruebas contra el exministro 'popular' contenidas en el informe de la Oficina Antifraude (ONIF) en el que se atribuía a Rato uno o varios delitos contra la Hacienda Pública por supuestos impagos a la Agencia Tributaria y el blanqueo de su capital y despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015.

En él se mencionaba el peligro de que Rato efectuara transmisiones de patrimonio para evitar responsabilidades pecuniarias mediante donaciones a miembros de su familia y ampliaciones de capital de una sociedad opaca. El informe también reflejaba "riesgos asociados a estructuras societarias internacionales" y otros riesgos fiscales relacionados con facturas internas para evitar el pago a Hacienda y del tráfico de divisas con otros países.

Rodrigo Rato declarará este miércoles como imputado ante el juez Serrano-Artal, que investiga estos hechos. La denuncia presentada por la Fiscalía desencadenó el pasado mes de abril su detención y el registro de su domicilio y su despacho profesional.