Rivera pregunta a Santamaría cuándo afrontará la "reforma constitucional exprés" para eliminar aforamientos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntará a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Pleno del Congreso de la próxima semana, cómo piensa impulsar el Ejecutivo la "reforma constitucional exprés" que, según la formación naranja, habrá que llevar a cabo para eliminar los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Cuando formule esta pregunta el próximo miércoles, Rivera recordará a la vicepresidenta que se trata de uno de los compromisos que el PP suscribió con C's en el acuerdo de agosto por el que este partido aceptó apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Concretamente, el punto 94 prevé la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos".

La supresión de los aforamientos políticos era una de las exigencias del pacto anticorrupción que Ciudadanos hizo firmar al PP para empezar a negociar la investidura, y todas ellas debían tramitarse en los primeros tres meses de gobierno.

CON ACUERDO Y SIN REFERÉNDUM

Según explicó la semana pasada el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una entrevista con Europa Press, la reforma parcial de la Carta Magna debería iniciarse en febrero y estar lista ese mismo mes o en marzo.

"No tendría por qué tardar más de esos meses y si no, es que no sale esa reforma", dijo, recordando que el artículo 135 se modificó en 2011 en solo quince días. Ciudadanos plantea que, igual que en aquel momento, la eliminación de los aforamientos políticos se apruebe en las Cortes sin necesidad de celebrar un referéndum.

Según Villegas, no debería ser muy complicado que los grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo en la reforma dado que todos ellos, incluido Unidos Podemos, llevaban en sus programas electorales la necesidad revisar los aforamientos políticos, incluyendo Unidos Podemos.

DIPUTADOS, SENADORES Y MINISTROS

La Constitución establece en el artículo 71 que "los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones". Mientras dure su mandato, "gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito", tampoco podrán "ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva" y, en las causas que se abran contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En cuanto al Gobierno, el artículo 102 indica que "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

"Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo", añade.