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Adelantada la reforma para extender la responsabilidad penal a partidos y sindicatos

La diputada de UPyD, Rosa Díez y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, conversan en el Congreso de los DiputadosEFE

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles que los partidos y los sindicatos dejen de estar exentos de responsabilidad penal, tan sólo una semana después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hiciese este anuncio en el Pleno de la Cámara. Lo que no cambiará penalmente será la impunidad legal de quienes convoquen referendos ilegales como el que pretende llevar a cabo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por que el PP se ha opuesto a ello.

Ha sido a instancias del grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que fue precisamente quien arrancó a Gallardón la intención del Ejecutivo de poner fin a lo que la líder de la formación magenta, Rosa Díez, calificó como "un privilegio injustificado".
Se trata de la única enmienda de la oposición que el PP ha aceptado este miércoles en la Comisión de Justicia a la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.
Durante la defensa del citado texto, Díez ha señalado que el hecho de que hasta el día de hoy los partidos políticos y las organizaciones sindicales estén exentos de responsabilidad penal, además de carecer de justificación alguna, no colabora con la regeneración democrática ni ayuda a combatir la corrupción política.
Idéntica norma para todos
De ahí que UPyD haya planteado cambiar esta situación con el fin de que partidos y sindicatos estén sometidos a las mismas normas que el resto de ciudadanos y empiecen a cumplir los deberes que les competen de persecución de la "lacra" de la corrupción en vez de mirar "para otra parte".
Sólo así, ha apostillado la líder de la formación magenta, demostrando que los políticos no son excepción de nada, se colaboraría "de forma importantísima" a la persecución y erradicación de la corrupción política y, por ende, según sus palabras, a "prestigiar" la calidad de nuestra democracia.
La decisión del PP de aceptar esa enmienda, que una semana antes no había asumido en el trámite de ponencia, ha suscitado las críticas de otros grupos de la oposición. Según la socialista Magdalena Valerio, la enmienda es un ejemplo de "populismo punitivo" para criminalizar a partidos y sindicatos, cuya labor está reconocida en la Constitución.
Para Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), es una "puñalada de pícaro" para tapar el resto del proyecto de ley, que a su juicio busca dar amparo a la "amnistía fiscal". No obstante, su grupo optó por votar a favor porque no tiene "nada que ocultar".
Emilio Olabarria, del PNV, cree que esta modificación es una "aberración desmesurada" porque "no se puede extender a la totalidad de una organización, ya sea, política, sindical o eclesiástica la responsabilidad penal individual de uno de sus miembros".
El ponente del PP, José Miguel Castillo, ha calificado las quejas de sobredimensionadas mientras que Rosa Díez se ha mostrado "perpleja" por la reacción del resto de la oposición recordando que UPyD presentó su enmienda "en tiempo y forma.
La modificación, apoyada finalmente por PP, UPyD e Izquierda Plural y rechazada por PSOE y nacionalistas, se ha incorporado al proyecto de reforma del Código Penal para su ratificación la próxima semana en el Pleno del Congreso y su tramitación posterior en el Senado.
No han corrido la misma suerte las otras dos enmiendas defendidas por UPyD en su turno de palabra, las que pedían castigar penalmente la convocatoria ilegal de referendos ilegales como el que pretende llevar a cabo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el PP no ha aceptado.
Eso sí, según avanzaron a Europa Press fuentes 'populares', ello no significa que el partido que sustenta al Gobierno cierre la puerta a la negociación sobre este asunto más adelante, como podría ser en el marco de la futura reforma global del Código Penal.
¿Por qué  el fraude político no debe ser perseguido?
Rosa Díez se ha preguntado por qué el fraude político no se debe ser perseguido en el caso, ha puesto como ejemplo en alusión a Mas, que un funcionario convoque un referéndum sin tener competencias para ello o colabore en el desarrollo del mismo.
"El fraude político consiste en arrebatar derechos al conjunto de los ciudadanos y significa, a sabiendas, suplantar la autoridad y subvertir el orden constitucional", ha manifestado Díez, quien ha reconocido no entender que haya un reproche penal mayor para un ciudadano o una organización que convoca manifestaciones frente al Congreso, en referencia al 25-M, "y no para quien pervierta el orden constitucional, se burle y presuma de burlarse de la Constitución".
De ahí que haya subrayado la conveniencia de que el Código Penal intervenga para que en este país "no salga gratis" incumplir las leyes ni ponerse por encima de la Ley y la Constitución. A su juicio, nunca debió excluirse este asunto del Código Penal y por ello cree que ahora es el momento de reparar una decisión --suprimida durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero-- "que no fue correcta".