El juez Ruz reconstruye el sumario por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

El magistrado ha remitido estas diligencias después de recibir una petición del juzgado madrileño, que las reclamó cuando la secretaria judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.

La Oficina Judicial ha abierto un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y ha pedido, además, a las partes que aporten los escritos que adjuntaron en su día, para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.

No apreció daño

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos por lo que el sumario quedará reconstruido en cuanto la Audiencia Nacional remita el testimonio solicitado y las partes personadas aporten de nuevo sus escritos, han concretado las mismas fuentes.

La instructora argumentó en octubre que para que exista delito los daños estos deben causarse en propiedad ajena y en el caso de los ordenadores de Bárcenas no se ha demostrado que pertenezcan al extesorero, que reconoció en su declaración ante el juez Pablo Ruz que los equipos que él usaba pertenecían al Partido Popular.

"No hay prueba que pueda practicarse en esta causa tendente a determinar la titularidad de estos bienes" de forma, señala la juez, que "los bienes pertenecen al titular del inmueble, con lo que, hallándose los ordenadores en la sede del Partido Popular, a él pertenecen, salvo prueba en contra".