El primer juicio de la trama Púnica sobre el chivatazo a Granados arranca mañana en la Audiencia Nacional

La pieza de la trama Púnica relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando arrancará mañana, martes, en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Este martes, miércoles y jueves son los señalados para esta vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre. Se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El Ministerio Público acusa a Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación contra el empresario David Marjaliza, lo cual "tuvo importantes consecuencias", ya que "dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa".

Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desde el año 2000 llevaba desempeñando cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por Granados, y después desveló la investigación al exdirigente 'popular'.

OCULTÓ SUS GANANCIAS ILEGALES

Entre las consecuencias que destaca la Fiscalía, el escrito señala que Granados "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". "Una parte de los beneficios ilícitos ocultados fue localizada en un altillo de la habitación de los padres de su esposa María Nieves Alarcón", explica.

Por su parte, Marjaliza, con la ayuda de su secretaria Ana María Ramírez, "acopió toda la documentación incriminatoria archivada en la sede central de sus empresas, destruyéndola".

Además, "retiró y escondió el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte" de sus oficinas en Pinto, "con el que retribuía a alcaldes o anticipaba en nombre de la sociedad Cofely", además de que "ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero extranjero".

A pesar de que la Fiscalía señala estos hechos como parte de las consecuencias que tuvo el chivatazo, el empresario no ha sido procesado en este juicio, y eso que confesó durante la instrucción del 'caso Púnica' que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban.

DESINSTALARON LA CÁMARA CON LA QUE INVESTIGABAN A MARJALIZA

Otra de las consecuencias que menciona el fiscal es que el Grupo de Delitos contra la Administración, al conocer que Talamino estaba facilitando información, "montó una operación ficticia" para desinformarle y "mantenerle alejado de su lugar de trabajo y de Valdemoro", al tiempo que se le solicitó que desinstalara la cámara que se había colocado frente al edificio de las oficinas de Marjaliza. "La retirada de dicho medio provocó la pérdida de una fuente de información muy valiosa para los investigadores", remarca.

Asimismo, imputados como Granados, Marjaliza y Ramírez "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer que se investigaban delitos de corrupción, disminuyendo la frecuencia de las llamadas y evitando pronunciarse sobre temas de interés a través de los teléfonos". Y el grupo investigador redujo, por seguridad, "la actividad operativa y los seguimientos a los investigados, lo que provocó la pérdida de información".

La Fiscalía acusa a Talamino de desvelar información "a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada", quebrantando así "el deber de sigilo que su propia profesión le imponía", descubriendo a los sospechosos "la naturaleza de la investigación" y explicándoles que "la cosa era seria".