Puigdemont tiene hasta mañana para adoptar el acuerdo de no disponibilidad que le exige Hacienda

Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique tanto a la Generalitat como a su Intervención.

La medida afecta a los créditos presupuestarios distintos de los que ya ha asumido Hacienda para evitar que se dedique dinero al proceso soberanista. El pasado viernes, el Gobierno decidió controlar el gasto social de la Generalitat y encargarse del pago directo de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.

Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana y expira por tanto el martes a primera hora (el domingo no cuenta).

EXCEPCIONALMENTE SE LEVANTARÁ LA PROHIBICIÓN

Se asegura en el acuerdo del Gobierno que el Interventor General de la Generalitat podrá "excepcionalmente" solicitar que se levante esa imposibilidad de usar esos créditos presupuestarios y que Hacienda podría permitirlo, siempre que sea por razones de urgente y extraordinaria necesidad".

El Ejecutivo quiere asegurar que el dinero que tiene como origen la Hacienda del Estado se dedica a fines constitucionales y previstos en la ley. Para ello impuso en julio la obligación a la Intervención de la Generalitat de enviarle informes semanales sobre los gastos, pero los informes dejaron de llegar la semana pasada con anuncio además del vicepresidenta catalán, Oriol Junqueras, de que no volverían a enviarlos.

Esta es la razón de que Hacienda haya decidido asumir buena parte de los pagos que hace la Generalitat. El Gobierno puede imponer controles sobre el dinero del Estado, los 1.400 millones mensuales que transfiere a Cataluña del sistema de financiación autonómica, pero no sobre los ingresos propios por impuestos cedidos a la Comunidad y que suman unos 250 millones de euros mensuales, según los datos que ofreció el viernes Montoro.