ETA permitió a sus presos acogerse a las medidas individuales de reinserción

El grupo de abogados afines a Arantxa Zulueta --considerado el sector duro-- que aún goza de autonomía propia comprobaron el hastió de un colectivo cansado de la cárcel, muchos de ellos con largas condenas pendientes, y constataron los indicios de cisma que ha terminado por llevar a la organización a "levantar el pie del freno", indican estas fuentes.

En ocasiones, algunos presos han manifestado este malestar en público como es el caso del un ex interno de la organización que, tras recobrar la libertad, firmó una carta con el alias de 'Txindoki' en el que denunciaba que el EPPK estaba "dominado por unos comisarios crueles, sin escrúpulos y repelentes, que si hacen lo que hacen, es porque les amparan miembros importantes de la organización (ETA)". En concreto señalaba a algunos abogados como la propia Zulueta a la que situaba como "los verdaderos delatores".

Hasta el comunicado del EPPK del pasado 28 de diciembre, ETA siempre había prohibido a sus internos acogerse a medidas de reinserción o aceptar la legalidad en contra de la izquierda abertzale que ya lo venía proponiendo estos últimos años. Las mismas fuentes consultadas añaden que la banda no podía permitirse una ruptura en el seno de las prisiones, históricamente el frente más cohesionado y el único elemento de presión que le queda a ETA además del desmantelamiento de su arsenal.

Expertos en la lucha antiterrorista consideran que tanto el comunicado del Colectivo de Presos como el acto de los terroristas en Durango ha sido una estrategia "para contentar a todos" desde el punto de vista interno, un acercamiento entre las distintas posturas del entorno etarra. Asimismo buscan confrontar este tipo de actos y pronunciamientos con la actitud del Gobierno que tachan de inmovilista.

Presión de las familias

La presión de las familias de los presos también ha influido en esta decisión. Las Fuerzas de Seguridad detectaron que familiares de presos que integran el EPPK llegaron a contactar con internos que rompieron con la banda para acogerse a medidas de reinserción. Buscaban información sobre el modo y las ventajas de asumir la ley penitenciaria a cambio de beneficios en la cárcel. No obstante estas aproximaciones no llegaron a materializarse en nuevas deserciones.

Desde hace meses las fuerzas de seguridad y sectores dentro de la izquierda abertzale vaticinaban que los presos acabarían aceptando la legalidad. Es la consecuencia de un proceso que comenzó con la esperanza generada tras el cese de la violencia y los mensajes anunciando una salida dialogada que los emisarios de ETA difundían en las prisiones y que ha terminado con la frustración implantándose de nuevo en un colectivo que ha visto como el Gobierno del PP ha dado la espalda a todas sus exigencias.

Excepto la excarcelación del etarra Bolinaga, la concesión de varios terceros grados al inicio de la legislatura y la presentación de un difuso plan de reinserción que no ha dado resultados, el Gobierno apenas ha movido ficha en las cárceles. Ni siquiera reconocen ya la denominada 'Vía Nanclares' oponiéndose incluso a conceder beneficios a algunos de los disidentes más representativos. Este goteó de disidentes se produjo también en otro escenario de frustración generado tras la ruptura de la última negociación entre la banda y el Ejecutivo de Zapatero.

395 etarras presos en España

Tan sólo la derogación de la 'doctrina Parot' por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que propició la excarcelación de más de medio centenar de históricos etarras ha servido de alivio al colectivo. No obstante, en las cárceles españolas sigue habiendo hoy otros 395 presos de ETA. El siguiente paso es comprobar cómo este nutrido grupo de etarras va a canalizar esa asunción de los beneficios contemplados en la Ley.

La legislación actual obliga a los presos de ETA a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas o colaborar con la Justicia para ser excarcelados, unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del "sufrimiento y el daño multilateral generado" expresada en su último comunicado. La única competencia exclusiva del Gobierno al margen de la intervención de jueces y fiscales es decidir el centro penitenciario en el que los presos deben cumplir su pena.