Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Policía Nacional detiene a 127 personas por regularizar ilegalmente a extranjeros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 127 personas, la mayoría de nacionalidad china, por delitos de falsedad documental y estafa y nueve de ellos, además, por favorecimiento de inmigración y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, han sido imputadas por los mismos cargos, otras 133 personas, todas ellas de nacionalidad China.

Las detenciones se han ido produciendo desde el pasado mes de octubre, cuando se detuvo y pasó a disposición judicial al núcleo de personas que formaban el grupo criminal, cuya actividad se centraba en el trámite ilícito de tarjetas de residencia por circunstancias excepcionales en la modalidad de tarjeta de residencia por arraigo social a nacionales de China, con la finalidad de regular su situación en España haciendo uso para estos trámites de documentos falsos.
Entre los documentos falsificados utilizados para la tramitación de las tarjetas de residencia destacaban los certificados de empadronamiento falsos e informes de inserción social igualmente falsos, en teoría expedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Casa de las Culturas, dependiente de la corporación local, ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Aragón en una nota de prensa.
Por esta tramitación, los solicitantes debían pagar entre 6.000 y 8.000 euros por persona, por lo que la organización delictiva podría haber llegado a acumular una cantidad próxima a los 1.200.000 euros, en caso de no haberse producido la intervención policial.
3.000 EUROS POR UN CONTRATO DE TRABAJO
Quienes necesitaban un contrato de trabajo debían desembolsar no menos de 3.000 euros, otros 3.000 euros lo eran por el histórico y certificado de empadronamiento, entre 500 y 1.000 euros por el informe de inserción social y al menos tres o cuatro cuotas a la Seguridad Social, que oscilaban entre 900 y 1.200 euros.
Para poder conseguir esta cantidad los solicitantes, a los que se les acusa de falsedad documental y estafa, debían realizar "ingentes sacrificios económicos e incluso pedir ayuda a sus familiares con el único fin de regularizar su situación en España a través de esta red criminal". El fraude que se habría podido cometer a la Hacienda Pública podría haber alcanzado los 3.5000.000 euros, han señalado las mismas fuentes.
Los miembros de la red criminal enviaban a China una parte de las cantidades de dinero exigidas a los solicitantes, generalmente a través de transferencias bancarias o directamente a través de personas que efectuaban viajes a China desde España.
SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN
Ya en el mes de febrero, y una vez analizada la documentación intervenida en los diferentes registros, se iniciaron las detenciones de los empresarios supuestamente contratantes, cuya colaboración había sido totalmente necesaria para la consecución del fin último.
Estos empresarios, supuestos contratantes, percibían cantidades económicas no inferiores a los 2.000 euros por prestar su colaboración a los integrantes del grupo criminal.
Las mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Zaragoza, pero se han producido también en lugares geográficamente tan distantes como Barcelona, Madrid, Palencia, Mérida, Valencia, Vitoria y Coslada.
A este grupo criminal acudían ciudadanos chinos de diferentes partes del territorio nacional, ya que "sus servicios" se anunciaban y publicitaban a través de los periódicos chinos que pueden adquirirse en cualquier establecimiento regentado por ciudadanos de este país.
Igualmente, funcionaba el "boca a boca" entre todos aquellos que querían regularizar su situación y no contaban con otro medio que acudir a las redes ilícitas, destacando los naturales de la provincia de Fujian (China), donde residen unos 32 millones de habitantes.
La investigación ha sido desarrollada por efectivos adscritos a los Grupos de Investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Brigada Regional de Extranjería y Fronteras de Jefatura Superior de Policía de Aragón.