Piden 11 años de cárcel para el exalcalde de Vall d'Alba (Castellón) por compraventa de fincas

El ministerio público, que demanda la apertura de juicio oral, acusa al exvicepresidente de la Diputación de un delito continuado de uso de información privilegiada por autoridad, así como negociaciones prohibidas a funcionario, además de fraude administrativo en concurso con malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que se le impongan a Martínez multas que suman más de 1.300.000 euros, así como su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de 21 años.

Por su parte, la acusación, ejercida por el PSOE, eleva la petición de cárcel para Francisco Martínez a 16 años de prisión.

El fiscal también pide una multa de un millón de euros por un delito continuado de uso de información privilegiada por particular para la hija de Martínez y para su socio, y para éste último, además, solicita cinco años de prisión por fraude administrativo en concurso con malversación de caudales públicos.

El ministerio público indica en el escrito de acusación que una de las sociedades instrumentales utilizada por los acusados fue Gestintut SL, formada por la hija de Martínez y el empresario acusado y con objeto social la construcción de edificaciones o obra civil, entre otros, con el mismo domicilio social que la empresa Transportes Excavaciones Babiloni SL, vinculada al empresario y adjudicataria de diversos contratos negociados sin publicidad por el Ayuntamiento de Vall d'Alba.

Además, se usaron como sociedades instrumentales Prodever SL. -formada por Francisco Martínez y su socio- y Franvaltur SL. -formada por Francisco Martínez y sus dos hijos-.

CONOCÍA EL VALOR DE LAS FINCAS

Según el ministerio público, Martínez conocía el valor urbanístico de las fincas relacionadas con los programa de actuación o de interés para su ejecución, pues, además de haber intervenido en su génesis y tramitación municipal, había vendido algunas fincas de titularidad municipal relacionadas con un programa de actuación y había asesorado a sus padres en la adquisición de otras fincas relacionadas o de interés para el mismo programa por 22.838,46 euros que, tres días después, fueron vendidas a Calviga SL por 32.500 euros, obteniendo así un beneficio de 9.661,54 euros.

Además, Martínez intervenía desde la corporación local aprobando la solicitudes de agregación o segregación de fincas que se precisaban, sin que conste que se abstuviera pese al interés directo que en todos los casos tenía.

Según el fiscal, aunque no puede calcularse el beneficio que pudieran haber obtenido los acusados en el caso de materializarse las ventas de las fincas adquiridas, de las realizadas resulta un beneficio ilícito de 151.170 euros en el caso de Francisco Martínez, de 196.044 euros en el caso de su socio y de 120.428 euros para Gestintur SL., así como un perjuicio directo al Ayuntamiento de Vall d'Alba de 120.428 euros.

Entre las actuaciones de los tres acusados, el fiscal señala que en 2005, con la información privilegiada obtenida de Martínez, su socio adquirió tres fincas que habían pertenecido a los padres del excalcalde de Vall d'Alba relacionadas con un programa de actuación por 73.000 euros, que vendió en 2006 por 141.290 euros, obteniendo un beneficio ilícito de 68.290 euros.

Así mismo, Martínez, con la finalidad de adquirir una finca en la que tenía interés para posteriormente enajenarla por la información privilegiada que poseía, procedió a la segregación de una porción de la finca matriz relacionada con otro programa de actuación, que él mismo resolvió para adquirirla a los pocos días, utilizando a una mujer que la adquirió y posteriormente se la donó, y éste, a su vez, se la donó a sus hijos, que la aportaron a Franvaltur SL. La finca se valoró en 24.000 euros y quedó como activo patrimonial a la espera del desarrollo de programa urbanístico.

En 2005 el socio de Martínez acusado, también con información obtenida de éste, adquirió otra finca relacionada con otro programa y la aportó a Gestintur SL., junto con otras que fueron vendidas a Calviga SL -adquiridas por 27.766 euros y vendidas por 148.194 euros, sin que ésta -valorada en 3.630 euros- fuera transmitida, por lo que quedó también como patrimonio a la espera del desarrollo del programa urbanístico.

También ese año Martínez vendió una finca por 151.170 euros relacionada con otro programa, que había adquirido mediante una compra con dinero no declarado por proceder de actividades ilícitas y formalizada como donación de un hombre. Ese mismo año, el exalcalde y su socio compraron otra finca relacionada también con un programa de actuación por 285.733,78 euros, de los que sólo consta haberse satisfecho 30.000 euros, y Martínez declaró para legalizar la procedencia del dinero que su parte procedía de la venta de una finca privativa.

Posteriormente, en 2007 ambos aportaron la finca a Prodever SL, valorándose en 300.000 euros, la cual -representada por el socio de Martínez- segregó una parte y la vendió a Franvaltur SL por 50.000 euros. Ambas fincas quedaron como activo patrimonial.

APARTAMENTOS RURALES

Así mismo, entre otras actuaciones, el fiscal relata que Francisco Martínez solicitó la segregación de una finca que había adquirido por donación de su padre e intervino en la adopción del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó la licencia para ejecutarla, la cual donó a su hijos, sobre la que nacieron otras fincas destinadas a ser explotadas como apartamentos rurales, de forma coincidente con el desarrollo turístico que se proyectaba con los programas urbanísticos.

Dichas fincas, que fueron aportadas a Franvaltur SL, forman parte del núcleo rural 'Mas de Roures' sobre el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba, en ejecución de las decisiones adoptadas por Martínez para revalorizar sus propiedad, efectuó inversiones de mejora y acondicionamiento en 2009 y 2010 por 22.000 euros.