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Horrach: "La única respuesta judicial posible para la Infanta es el archivo"

Fiscal AnticorrupciónGTres

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del caso Nóos, ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El fiscal, además, ha rechazado los argumentos de varias de las defensas relativas a la falta de legitimidad de la Audiencia de Palma de Mallorca para enjuiciar la parte de la causa relativa al Valencia Summit.

El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".
"No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".
El fiscal, además, ha rechazado los argumentos de varias de las defensas relativas a la falta de legitimidad de la Audiencia de Palma de Mallorca para enjuiciar la parte de la causa relativa a la percepción por el instituto sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres de casi tres millones de euros que adelantaron las administraciones valencianas para la organización de eventos como el Valencia Summit.
Se trata de la primera cuestión previa planteada al inicio del juicio que sienta en el banquillo a 18 personas por esta causa, entre ellas la Infanta Cristina de Borbón. Únicamente han planteado esta cuestión los abogados de los imputados en la trama valenciana de Nóos, después de que el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, renunciara a desarrollar el argumento pese a haber anunciado su planteamiento.
Según Horrach, los abogados que han señalado que estos hechos deberían ser objeto de análisis por los tribunales valencianos demuestran un "exceso de confianza" en lo que respecta a lo que sería una ampliación de este juicio en dicha comunidad.
Ha señalado que la malversación de caudales públicos se ha investigado tanto en Mallorca como en Valencia y que carecería de eficacia volver a investigar por un juez valenciano a las 200 personas que fueron llamadas a declarar en este procedimiento en Palma de Mallorca por los hechos del Valencia Summit. Se imposibilitaría además la visión en conjunto de los hechos y existiría el riesgo de que los tribunales de Mallorca y Valencia dictaran sentencias contradictorias sobre los mismos, argumentos a los que se han unido el resto de acusaciones.
Previamente, el abogado de Urdangarin ha renunciado a plantear la cuestión previa que había presentado en sus escritos en relación con la falta de competencia territorial del juez Castro para juzgar hechos como los relacionados con la precepción por Nóos del dinero público de las administraciones valencianas.
Sí ha defendido esta falta de competencia la defensa del ex secretario de Eventos de Valencia Luis Lobón, Vicente Grimá, que considera que la competencia respecto a su cliente era de la Audiencia Provincial de Valencia, no de Palma de Mallorca, puesto que Lobón no ha realizado ninguno de los hechos que se le imputan en dicho territorio. Tampoco cabría la asunción del enjuiciamiento en Baleares por conexidad, según este letrado.
Los mismos argumentos ha planteado Josefa Roselló, abogada de José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia -para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión y Manos Limpias- ,que considera igualmente que se ha vulnerado el derecho de su cliente al juez predeterminado por la ley, que tendría que haber sido un tribunal valenciano. Se trataría de los hechos relativos a la financiación del Valencia Summit.