El PP-A recusa al magistrado Pedro Izquierdo como ponente del juicio contra Chaves y Griñán por los ERE

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A alega como primera causa de recusación del presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla "la pérdida de apariencia de imparcialidad" que sitúa en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "que considera el interés directo o indirecto en la causa".

Así, el PP-A denuncia "la relación del magistrado con algunas de las partes del proceso, 17 personas acusadas por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos como miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, del que el magistrado recusado ha formado parte como alto cargo del mismo, por designación y nombramiento de uno de los acusados, Manuel Chaves".

Y todo ello, según añade, "previa deliberación de un Consejo de Gobierno al que pertenecían cinco de los acusados y desarrollados en parte en el mismo espacio temporal" en el que el magistrado ejerció de secretario general para la Modernización de la Justicia y como secretario general de Justicia, "con rango orgánico de viceconsejero".

"RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN" CON CHAVES Y GRIÑÁN

Junto a ello, el PP-A alega como segunda causa de recusación "la pérdida de imparcialidad" situada en el artículo 219.12 de la LOPJ, "que considera la relación de dependencia del juez", dada "la relación de subordinación y dependencia del magistrado con cinco de las partes del proceso, miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y especialmente con dos de ellos, que fueron presidentes de la Junta", como son Chaves y Griñán.

De este modo, Manuel Chaves, "atendiendo a la 'especial confianza' le designó y nombró alto cargo de su gobierno", mientras que José Antonio

Griñán "le mantuvo en su puesto como alto cargo de 'especial confianza' de su gobierno", una "relación de subordinación que se mantuvo con ambos presidentes durante ocho años".

Cabe recordar que Manos Limpias también ha recusado al magistrado Pedro Izquierdo mediante un "poder especial" otorgado por el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, que estuvo en prisión entre los meses de abril y diciembre de 2016, cuando salió en libertad tras abonar una fianza de 50.000 euros después de ser detenido en el marco de la causa que investiga las presuntas extorsiones que su asociación llevó a cabo junto a Ausbanc a diversas entidades financieras y empresas.

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