El Parlamento encarga al Tribunal de Cuentas una fiscalización de las subvenciones a la minería en los últimos 25 años

Con su iniciativa, impulsadas por el diputado asturiano Segundo González, la formación morada pedía analizar los sucesivos Planes de la Minería desde 1993 hasta el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018.

En la misma sesión se ha acordado también encargar al Tribunal de Cuentas otra fiscalización sobre la construcción de la residencia de mayores 'La Minería' en Felechosa (Asturias), en el Ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordada por la Mesa de la Minería y financiada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

TAMBIÉN LAS SUBVENCIONES DE FERNÁNDEZ VILLA

Se trata de unas ayudas investigadas por la Fiscalía en la conocida como 'Operación Hulla' y que provocaron que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Beatriz Fernandez, imputase al histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa.

Ambas propuestas han sido aceptadas tanto por el PSOE, que gobierna en el principado, como por el PP, cuya diputada, Susana López Ares, ha remarcado que su partido siempr han pedido que se investigue el "despilfarro" de las subvenciones mineras.

Estas solicitudes de fiscalización ya fueron presentadas el pasado mes de julio en Oviedo, ya que la formación morada registró también una batería de preguntas en el parlamento regional, con el fin de dilucidar las posibles responsabilidades políticas que se puedan derivar del 'caso Hulla' y de la gestión irregular de fondos mineros.

INICIATIVAS EN ASTURIAS

En ellas solicitaron información pormenorizada sobre quiénes fueron los representantes del Principado a lo largo de los últimos once años en el Consejo Rector y en el Comité Permanente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, así como en cualquier comisión o subcomisión dependiente de dicho instituto, y en la Mesa Regional de la Minería.

También exigieron tener acceso a las actas de las distintas reuniones de esos órganos y los datos sobre las dietas percibidas entre 2006 y 2017 por los representantes de la Administración asturiana.