El alcalde de Parla recibió "una donación" de Cofely por un contrato de 54 millones

La resolución judicial detalla que el regidor, en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seleccionó como empresa auditora a la empresa Ruta Energética, vinculada al empresario y 'conseguidor' David Marjaliza, con el fin de encubrir "el pago de una comisión pactada".

Fraile está imputado indiciariamente por integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. Los mismos delitos se atribuyen a su jefe de gabinete, Antonio Borrego, que negoció los términos del contrato con Marjaliza y el otro 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, gestionó la donación y controló la ejecución del contrato.

La adjudicación fue supervisada por el asesor Avelino Pérez, en libertad bajo fianza de 20.000 euros e imputado por los mismos delitos que el alcalde y su jefe de gabinete. El técnico se encargó, según el juez, de intermediar en los pagos y controlar la partida presupuestaria de la adjudicación.

El otro regidor para el que el juez Velasco ha dictado el ingreso en prisión con una fianza de 60.000 euros es el Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP). Cuñado de Marjaliza, el regidor siguió las instrucciones de éste sobre "cuándo y a quién facturar" y le mantuvo "puntualmente informado" sobre el desarrollo de los contratos.

Imputado por los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude, el juez también ha detectado que "estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad".

Al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), en libertad bajo fianza de 40.000 euros, se le atribuye la concertación con Cofely de un contrato de eficiencia energética por valor de 39,4 millones de euros a cambio del cual los miembros de la Corporación local "habrían recibido pagos de 70.000 euros".

El primer edil de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), en libertad con comparecencias mensuales, se puso "en manos" de Marjaliza y De Pedro para la redacción de un contrato de eficiencia energética que también se adjudicó a Cofely tras la presentación de una oferta que resultó "laboriosa" debido a las condiciones del contrato.

240.000 EUROS DE MORDIDA

El concejal de Móstoles, Alejandro Utrilla, (PP) en libertad con la obligación de acudir todos los meses al juzgado más próximo a su domicilio, está imputado por otros siete delitos por dar ventaja a la empresa en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros. Según los pinchazos telefónicos que obran en el procedimiento, Cofely se comprometió a entregarle 240.000 euros que se justificaron en otros conceptos.

Por su parte, el consejero delegado de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, en libertad con comparecencias mensuales, participó en la trama de facturas falsas que se emplearon para pagar los trabajos de "reputación de altos cargos" de la Administración regional que realizó De Pedro. Estos se pagaron con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su agencia. Se le atribuyen por estas actividades los delitos de malversacxión, falsedad documental, cohecho y fraude.

El juez también imputa a Antonio Cándido Ruiz como "testaferro" de Marjaliza y "cooperador necesario" de sus operaciones; al empresario Francisco Ruiz Valenzuela por articular contratos a favor de De Pedro por parte de la Diputación de León; al gerente del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, que facilitó adjudicaciones a este empresario; y al técnico de Serranillos del Valle Marco Durán, que favoreció a Cofely en connivencia con el alcalde del municipio.