PSPV ve falta de rigor en quienes piden expulsarlo como acusación popular del caso Emarsa

La acusación popular en el caso Emarsa, que ejerce el PSPV, ve "falta de rigor" en las defensas que han solicitado su expulsión del procedimiento por entender que actúa para sacar rédito político. Por contra, esta parte estima que ha sido "escrupuloso" en el empleo de cualquier referencia a los partidos políticos, y más concretamente al PP.

Así se ha pronunciado este jueves esta acusación ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que juzga la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia) y por el que hay 24 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

Precisamente este miércoles, algunas defensas de los acusados en este procedimiento solicitaron la expulsión del PSPV como acusación al entender que incurría en un "populismo judicial", que carecía de interés objetivo y que estaba compuesta por cargos del PSPV que no procedían a título personal. También cuestionaron la actuación del socialista Ramón Marí, parte de esta acusación y denunciante del caso Emarsa.

El letrado que representa al PSPV ha defendido que los argumentos aportados por las defensas para lograr su expulsión de la causa "se pueden definir como faltos de rigor e inconsistentes" puesto que "ninguno de ellos hace referencia a la actuación procesal llevada a cabo a lo largo de los años de la instrucción, si no a declaraciones extraprocesales de algunos de los patrocinado". En total, su personación abarca a cuatro miembros socialistas.

En esta línea, el abogado ha afirmado, en relación con injerencias políticas, que ha sido "escrupuloso" en el empleo de cualquier referencia a los partidos, y más especialmente con el PP, y ha acusado a las defensas de "hacer ellas las referencias y cuestiones de índole político". Ha puesto como ejemplos las peticiones efectuadas ayer de que declare en el juicio como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, u otras manifestaciones realizados por acusados.

Asimismo, ha indicado que le produce "perplejidad" el argumento de las defensas de que sus patrocinados no tienen la condición de ciudadanos por haber sido miembros del consejo de administración de Emarsa o de la Emshi. "Se hablaba de que la Emshi y Emarsa son empresas privadas, como si pertenecieran a alguien, pero son publicas, de todos. Los que están allí representan y hacen una función pública", ha dicho. "Aquél que se dedica a lo público de forma honesta tiene mejor condición de ciudadano, no aquél que mete lo público en lo privado", ha apostillado.

En resumen, este abogado ha insistido en que "siempre" ha actuado en este procedimiento "con el legítimo derecho de defensa de la ley y en busca de que el dinero malversado tenga la correspondiente respuesta", ha aseverado. Por su parte, tanto la Fiscalía como la Emshi --acusación particular-- y la Abogacía de la Generalitat han defendido que el PSPV continúe en el procedimiento.

EMSHI, "NO ES RESPONSABLE"

Ora cuestión que plantearon ayer las defensas fue la expulsión de la Emshi de la causa, petición que también se ha encontrado este jueves con la oposición de las acusaciones. En concreto, el ministerio público ha defendido que esta entidad tiene la condición de perjudicada y ha pedido que no se le expulse ni que se le acuse porque "no es responsable" de los hechos enjuiciados.

Por oro lado, la Fiscalía ha arremetido contra los abogados del turno de oficio que han mostrado quejas por sus condiciones económicas y laborales en el procedimiento y les ha recordado que "si no quieren llevar a este tipo de acusados, que no se inscriban en el turno, que no es obligatorio. Cada uno sabe los medios que tiene su despacho para poder atender las causas que le llegan", les ha manifestado.

Previamente a la intervención de la fiscal, el abogado del fugado Jorge Ignacio Roca, designado por el turno, ha pedido la palabra y ha pedido amparo al tribunal de la Sala ante la "amenaza de querella" vertida por la Emshi después de que ayer dijera que quería contar con los mismo medios que Garrigues --representa a esta acusación-- y se lamentara de la escasez de tiempo y recursos económicos con los que contaba en este proceso.

Frente a ello, la letrada de la Emshi ha manifestado que la que tiene que pedir amparo al tribunal es ella. "No es objeto del procedimiento lo que el despacho cobra" y se ha referido al Estatuto de Abogados y al Código Deontológico para manifestar su oposición a que haya alusiones personales entre compañeros.

Esta abogada no ve desigualdad de armas: "Se les dio un plazo para estudiar la causa. No procede venir ahora para decir que --los abogados del turno-- quieren cobrar más". A su juicio, "la justicia gratuita no es querer cobrar lo que cobran otros. Nos oponemos a que esto se convierta en un mercadillo y en querer cobrar lo que cobra el otro. Esto no es la justicia gratuita", ha advertido.

Por otro lado, Fiscalía y Emshi no se oponen a la petición de las defensas de que se dicten sentencias de conformidad para los acusados que han reconocido los hechos y que han pactado con el ministerio público, y han negado que la documentación aportada por la Emshi o por el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, se obtuviera de forma ilícita. La fiscal también se ha mostrado contraria a que se conceda la libertad para Roca: "El riesgo de fuga es evidente", ha insistido.

Con estas cuestiones previas, el tribunal ha dado por concluida la sesión de este jueves y ha recordado que la vista se retomará el martes, día 9, con las declaraciones de los acusados. Ha afirmado que se pronunciará previamente sobre la alteración del orden de las declaraciones, después de que la fiscal remita mañana a las partes el nuevo orden propuesto --con los acusados que han confesado y se han conformado primero--.