El PSOE dará el miércoles el primer paso para reprobar a Santamaría en el Congreso

El PSOE dará el próximo miércoles el primer paso para reprobar en el Congreso a la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que señala como responsable política de las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre durante la jornada del referéndum independentista en Cataluña. Así figura en el reparto de la sesión de control de la próxima semana, confirmando los planes de la dirección del Grupo Socialista pese a las críticas internas que ha generado esta iniciativa.

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, anunció el pasado martes la intención de su formación de interpelar a la número dos del Gobierno y la previsión de incluir su reprobación en la moción que se derivará de ese debate y se votará la semana siguiente.

En principio, el PSOE no tenía cupo para interpelar al Gobierno en la próxima sesión de control y ese debate con Santamaría sólo podría sustanciarse el miércoles si el PNV renunciaba a presentar su propia iniciativa, como finalmente ha ocurrido, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

¿INOPORTUNA?

Así las cosas, si no se altera el orden del día del Pleno acordado en la Junta de Portavoces para incluir la comparecencia monográfica de Mariano Rajoy sobre Cataluña, que sigue pendiente de fecha, los socialistas iniciarán el miércoles el recorrido que acabará con su propuesta de censura a Santamaría.

Esta iniciativa ha generado malestar en parte del PSOE, cuyo diputado castellano-manchego José María Barreda, fue el primero en criticar públicamente la oportunidad de plantear la reprobación de la vicepresidenta en plena crisis catalana y, más concretamente, con el presidente Carles Puigdemont amenazando con declarar la independencia.

Sin embargo, desde la dirección del Grupo Socialista minimizaban este miércoles las críticas internas, alegando que nadie se ha dirigido a ellos para quejarse por la iniciativa y recalcando que la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal dio el pasado lunes manos libres a Pedro Sánchez para ir tomando decisiones en función de los acontecimientos, habida cuenta de que es él quien tienen toda las claves porque está permanentemente en contacto con el presidente, Mariano Rajoy.

QUEJAS DE LA 'VIEJA GUARDIA'

Después fue el exvicepresidente Alfonso Guerra quien pidió retirar la reprobación y este jueves han surgido más voces entre históricos del partido que cuestionan la reprobación. Los expresidentes de Extremadura Juan Carlos Rodríguez-Ibarra, la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y el del Senado Javier Rojo han escrito una carta abierta a Sánchez, para advertirle de que no comparten ni su apelación a que Rajoy dialogue con Puigdemont, ni tampoco la censura a Santamaría.

"Nos ha llenado de zozobra que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, juez de profesión, (Margarita Robles), haya proclamado la condena apriorística de la vicepresidenta del Gobierno. ¿Por qué y para qué? ¿A qué fines sirve y qué objetivos persigue esa condena?", se preguntan.

La cúpula del grupo que capitanea Margarita Robles justifica la reprobación a la vicepresidenta alegando que fue la 'número dos' del Gobierno la que compareció el domingo a mediodía para trasladar el mensaje de que no había referéndum y "no estaba pasando nada", mientras toda España veía cómo la gente estaba votando y a la vez se producían cargas policiales.

Los socialistas sostienen que ésta ha sido una medida "muy estudiada y valorada" y explican que han optado por elevar el listón y no reprobar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para no poner el foco en los agentes de la Policía y la Guardia Civil, sino en sus responsables políticos.

También recuerdan que Santamaría ha sido la encargada de lo que se denominó 'Operación diálogo" con Cataluña, cuyo fracaso, dicen, ha quedado demostrado, y defienden que hay que exigir responsabilidades políticas por el hecho de que la noticia del lunes en la prensa internacional no fuera que la Generalitat había actuado en contra de la Constitución, sino la violenta actuación de las Fuerzas de Seguridad.