El PSOE andaluz denuncia un "montaje" del PP-A sobre las ayudas a la formación y confía en el archivo de la causa

En una entrevista con Europa Press, Jiménez Barrios ha afirmado que la comisión de investigación creada en el Parlamento ha demostrado que la Junta ha colaborado "estrechamente" en conocer lo ocurrido y que se "ha caído estrepitosamente" la "farsa" del PP-A con las comparecencias en este órgano.

Según ha destacado, tanto el interventor general de la Junta como los interventores provinciales manifestaron que no había menoscabo de fondos y que tampoco había instrucciones políticas al respecto, sino que las actuaciones realizadas han cumplido con la ley establecida en la comunidad y que no había ninguna "trama".

Jiménez Barrios ha señalado que tras los interventores, los jefes de servicio avalaron esta misma tesis. A ello se une, según ha precisado, que la Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que se ha actuado conforme a la legalidad, al igual que ha hecho recientemente Tribunal de Cuentas de España. "Sin embargo, el PP-A no es capaz de reconocer que lleva una equivocada estrategia", ha apostillado.

"¿QUIÉN RESTITUYE EL DAÑO?"

Para el número dos del Gobierno andaluz, el PP-A ha entendido esta causa y la de los ERE como "la única forma de batir al PSOE". Ha dicho esperar que la causa se archive y ha destacado que en el fondo del asunto está el daño que se le ha producido a empleados y cargos públicos "que han demostrado su capacidad, honradez y profesionalidad y que no solo han estado imputados, sino que fueron detenidos y encarcelados".

Todo ello, en el marco de unos procedimientos que "nunca debieron hacerse así, con un gran despliegue mediático y delante de sus hijos y familiares". "¿Quién les restituye ahora ese daño?", se ha preguntado el vicepresidente de la Junta, quien también ha denunciado que la administración andaluza se ha visto dañada en su imagen.

Tras considerar que el PP debería tener "sentido de la humanidad" y de darse cuenta del daño que se ha producido a esas personas, ha destacado que en la comisión de investigación se comenzó hablando de menoscabo de fondos y de fraude "y que ya solo se habla de que haya responsabilidad política porque se paralizaron los cursos de formación".

Una decisión que, según ha explicado, se produjo como consecuencia de la "alarma social" que se había producido con los cursos de formación. A su juicio, resulta "un poco patético" que se hablara de 3.500 millones de fraude y que hoy no se tenga la valentía de decir que se equivocaron.