PSOE carga contra Gallardón por romper el consenso al reformar el CGPJ

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso Julio Villarrubia, ha arremetido contra el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, por iniciar la legislatura como "un elefante en una cacharrería" y romper un consenso fundamental alcanzado en torno a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tanto Villarubia, como el diputado de IU Gaspar Llamazares o la parlamentaria del Grupo Mixto Uxue Barkos, han cargado contra el modo en el que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el cambio de este sistema en los últimos minutos de la Comisión Constitucional.

"Habiendo salido ya en medios digitales y con una absoluta falta de respeto al Parlamento, anunció la ruptura de un consenso fundamental en una cuestión de Estado como el sistema de elección del CGPJ", ha criticado Villarubia, para tildar esta pretensión de "contrarreforma" que "hurta al Parlamento" una de sus competencias fundamentales.

Durante su intervención en la primera Comisión de Justicia de la X Legislatura, Villarubia ha censurado el "ataque" que considera el Partido Popular trata de acometer contra la soberanía popular. "Hoy gobiernan ustedes con una amplia mayoría pero es posible que más pronto que tarde, la situación pueda revertir", ha añadido.

El socialista también ha dedicado críticas al órgano de gobierno de los jueces por los "chantajes intolerables" y las "importantes interferencias" que algunos sectores han dirigido al anterior Parlamento. "No cometamos el honor de dejar en manos de unos cuantos lo que corresponde a todo el pueblo español", ha remachado.

Ha criticado que la posibilidad de sancionar penalmente a los gestores públicos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria supone una "ocurrencia" y una medida "populista". Y ha señalado que la retroactividad de la que habla el presidente extremeño, José Antonio Monago, ataca "directamente" a Ruiz-Gallardón por el déficit con el que dejó al Ayuntamiento de Madrid.

Con todo, ha tendido la mano de los socialistas para impulsar las reformas necesarias que conduzcan a un mejor servicio de la Administración de Justicia. "Es la hermana pobre de la democracia y me temo que con ustedes ahora será más pobre todavía a tenor de las medidas que están adoptando", ha añadido.

Piden su opinión sobre la doctrina Parot

En los mismos términos, se ha posicionado el diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV Emilio Olabarria al tildar de "inconstitucional" la propuesta de reformar el sistema de elección del Poder Judicial ya que contraviene el consenso político de los últimos años y deja al margen de la voluntad de la soberanía popular y de las instituciones donde ésta reside.

Además de pedir la implantación de consejos autonómicos de Justicia, Olabarría ha preguntado al ministro su opinión sobre la aplicación de la 'Doctrina Parot', por la que el cómputo de las redenciones que se aplican a un penado se realiza sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, lo que amplía su estancia en prisión.

En "estos tiempos" en los que surge la expectativa de "consolidar la paz y la normalización política", el diputado jeltzale ha solicitado conocer la posición del ministro de Justicia al entender que esta doctrina contradice "expresa" e "inequívocamente" las disposiciones del Código Penal.

IU exige que "los corruptos devuelvan el dinero robado"

El diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares también ha censurado cómo se avanzó la reforma de la designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. "La vicepresidenta le ha quitado una noticia y hoy se ha quedado con la cadena perpetua", ha espetado.

Llamazares ha emplazado al ministro a tener entre sus prioridades la persecución del "reguero de corrupción", de forma que la Fiscalía Anticorrupción persiga estos delitos y que sus responsables devuelvan el dinero que "han robado".

"La mayor parte de los condenados no ha devuelto un duro y la ejecución de las sentencias sigue pendiente", ha indicado, para expresar que hasta Mario Conde "está vendiendo libros" sin haber saldado su deuda con la Justicia.

En cuanto a la sanción de los cargos públicos que incurran en un déficit excesivo, ha recordado que ya existen figuras como la malversación y el cohecho impropio, por lo que "no es un problema de tipos delictivos, sino del funcionamiento de la Justicia".

Dicho esto, ha advertido de que la implantación de tasas judiciales puede dar lugar a "una Justicia de dos velocidades" y de que el servicio de Justicia gratuita se encuentra en la actualidad entre "la debilidad y la anorexia".

Llamazares se ha opuesto a la inclusión de la "cadena perpetua revisable" en el Código Penal y a que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados. "Hacía una broma, espero ahora que a los médicos nos permitan gobernar la sanidad", ha ironizado, para denunciar la "involución" de esta Administración que pretende acometer el PP.

Solicitan un juzgado de niños robados

La líder de UPyD y portavoz de su grupo en el Congreso, Rosa Díez, ha exigido la creación de un juzgado especial que atienda el caso de los niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

A su juicio, es también necesario reformar la Ley de Custodia Compartida para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos así como la Ley Integral de Violencia de Género para introducir como "elemento finalista" delitos como los cometidos por motivos racistas.

Díez ha mostrado su apoyo a caminar hacia la "regeneración democrática" que propugna el ministro con el fin de garantizar la consecución de una Justicia "independiente" y luchar eficazmente contra la corrupción.

En este punto, ha instado a considerar a los partidos políticos y los sindicatos como personas jurídicas para poder incurrir en responsabilidad penal y que las personas "acusadas" de delitos contra la administración tengan obligación de abandonar las funciones públicas.

Reclaman que el TSJ sea la máxima instancia en Cataluña

Desde CiU, la diputada Mercé Pigem ha reivindicado una de las exigencias plasmadas en el Estatuto autonómico de Cataluña como es la creación de consejos autonómicos de Justicia para que sean "una realidad", después de que el Gobierno socialista no llegara a materializarla.

Ha demandado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita a Cataluña asumir la gestión del Cuerpo de secretarios judiciales, crear "una Justicia de proximidad" en poblaciones sin juzgados de paz y convertir al Tribunal Superior de Justicia en la "última instancia" en esta comunidad, a excepción de la unificación de doctrina reservada al Tribunal Supremo.

Dispersión de presos etarras

Acto seguido, se ha pronunciado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Uxue Barkos, que también ha advertido al ministro de los "pocos anuncios" que le dejan sus compañeros de partido, después de que Cristóbal Montoro anunciara una modificación penal para castigar a los políticos despilfarradores y de que Sáenz de Santamaría avanzara la reforma del CGPJ.

En todo caso, la diputada ha preguntado al titular de Justicia si está dispuesto a aplicar "la normalidad penitenciaria" para el conjunto de presos y, en consecuencia, a acabar con la "excepcionalidad" que supone el alejamiento de los reclusos condenados por delitos de terrorismo.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión, José Miguel Castillo, ha desmentido que la aplicación de tasas judiciales para recurrir en segunda instancia constituya un copago y ha recordado que no afecta a la jurisdicción penal y a las personas sin recursos.