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El PP propone este martes la creación de una subcomisión para acordar una Estrategia Nacional de Justicia

El Partido Popular defenderá este martes en el Congreso de los Diputados su propuesta para crear en el seno de la Comisión parlamentaria de Justicia una subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia.
Según el texto de la propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press, la sociedad en su conjunto y los distintos colectivos y profesionales del sector coinciden en reclamar una profunda reforma de la Justicia, que revise el modelo, su sistema de funcionamiento y la arquitectura normativa que la sostiene.
El objetivo es pues que la Justicia pueda situarse a la altura de sus restos y necesidades, tal y como indica el escrito que denuncia que pese a las reformas cometidas en España en los últimos cuarenta años, el país no ha sido capaz de culminar "el gran proyecto de transformación que se requiere".
El grupo parlamentario popular busca que la Estrategia Nacional se configure como el soporte de todas y cada una de las líneas de acción que habrá de emprenderse para la reforma, en la que tienen que participar todos los profesionales de la Justicia.
Por tanto, el objeto de la Subcomisión es definir los objetivos de la transformación de la Justicia en su dimensión institucional, profesional, social, de servicio público, y de seguridad jurídica, con el fin de impulsar también una cooperación jurídica internacional, especialmente con Europa.
OBJETIVO DE CATALÁ
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha expuesto en numerosas ocasiones desde el arranque de la legislatura su objetivo de modernizar la Administración y adaptarla a las necesidades actuales con la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de la Justicia que aglutine el sentir general del colectivo jurídico y el arco parlamentario.
Catalá tiene por delante el reto de acordar un Pacto de Estado en esta materia que vienen demandando tanto asociaciones de jueces como fiscales y abogacía con el fin de que se constituya un Poder Judicial independiente que refuerce la confianza de los ciudadanos en la Administración.