El PP rechazó dejar de prestar dinero a sus cargos y dirigentes y ser más transparente con sus contratos y bienes

El XVIII Congreso del Partido Popular, que ha tenido lugar este fin de semana, rechazó numerosas enmiendas de los compromisarios que no han trascendido. Entre ellas hay una en la que se pedía que el partido no preste dinero a sus cargos y dirigentes y otra en la que se reclamaba que el PP sea más transparente y publique sus contratos o la relación de bienes, entre otras cosas, según informaron a Europa Press algunos de los asistentes.

El secretario general del PP de Vallecas, Antonio Esteban Lara, defendió ante la Comisión de Estatutos del Congreso su propuesta para que el partido no conceda préstamos a dirigentes o cargos públicos. Alegó que éstos ya tienen un salario y la concesión de préstamos por parte de la formación supone un "privilegio" frente a los militantes que hacen sus aportaciones para pagar la luz, el alquiler o los gastos de las sedes del PP.

La enmienda se sometió a votación de la Comisión y quedó rechazada, como ocurrió con otra presentada por el exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre y ahora concejal del Ayuntamiento de la capital, Percival Manglano, en la que pedía más transparencia al PP, en línea, dejo, con la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno popular.

En la defensa de su enmienda ante sus compañeros, alegó que la Ley de Transparencia es una excelente Ley y que el PP la debería aplicar para hacer pública su información presupuestaria y económica y puso como ejemplo que se publicaran los datos de los contratos que haga el partido, la relación de puestos de trabajo del PP o los bienes inmuebles que son de su propiedad.

La respuesta de la mesa del Congreso es que todo lo relacionado con la transparencia ya está recogido en la citada Ley y quedó rechazado su planteamiento en la votación.

Este mismo compromisario también presentó una enmienda sobre los ingresos del partido. Expuso que el 90 por ciento de los ingresos del PP provienen de las subvenciones públicas y sólo el 10 por ciento, de las cuotas de sus afiliados. En su opinión, esto debería cambiar y planteó que se tomaran las medidas necesarias para que en esta Legislatura el PP dependiera menos del dinero público y que sus cuotas pasaran a representar el 25 por ciento de los ingresos.

QUE LOS TERRITORIOS DECIDAN SI AUMENTAN INGRESOS POR CUOTAS

La Mesa de la ponencia le respondió que la Ley de Financiación está muy tasada y tienen poco margen de maniobra. No obstante, le sugirieron que cualquier acción de este tipo se debería poner en marcha en los territorios porque si lo estableciese Génova podría generar discriminaciones en un territorio frente a otro. Se sometió a votación y también fue rechazada la propuesta.

Manglano tuvo más suerte con otra enmienda en la que proponía que tanto los estatutos aprobados en el Congreso del partido como el contenido de las ponencias fuera publicado en la web del PP en el mes posterior a la celebración del cónclave. El nuevo coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, le respondió que eso ya se hacía en su provincia y en la sede nacional también, y le aceptó la propuesta de llevarlo a los Estatutos del PP.

El exconsejero madrileño tuvo menos suerte con su propuesta de que hubiera una audiencia pública con las personas que iban a ir en las listas electorales, una especie de rendición previa de cuentas, en la que se les pudiera preguntar. Pero la mesa consideró que el sistema que tienen de elección de candidatos "es razonable y va saliendo bien" y no veían el motivo por el que debía cambiar.

La enmienda fue rechazada, como también lo fue otra en la que se proponía que los congresos regionales fueran en 45 días después del Congreso nacional, no en 30 días como dicen los estatutos que tenía el PP hasta este fin de semana en que han sido modificados.

Tampoco tuvieron suerte los enmendantes que pedían que el presidente del partido fuera elegido por todos los militantes de manera directa, o que hubiera listas abiertas, ni los que pidieron, como Antonio Esteban Lara, que por lo menos no se les pongan trabas y no se tengan que inscribir previamente para poder votar en la primera vuelta de la elección.

NO SE INCLUYE EN ESTATUTOS QUE LOS CARGOS PAGUEN EL 10% AL PARTIDO

El compromisario de Navarra Primitivo Burgos no vio prosperar su propuesta de que los Estatutos recojan que los cargos del PP aporten un 10 por ciento de sus salarios al partido. Alegó que esta petición eran "poner en papel" lo que se hacen en todas las organizaciones territoriales menos en Navarra e incluso se mostró dispuesto a aceptar una transaccional que incluyera el 5 por ciento, en lugar del porcentaje que él había incluido en su enmienda.

Argumentó también que él había tenido que pagar algunos gastos de su propio bolsillo por la falta de fondos de su organización en la Comunidad Foral. "Tu sabes que tengo razón", exclamó al final de la defensa de su propuesta.

Pero la mesa consideró que no se podía incluir la petición en los estatutos nacionales y le pidió que trabajara el asunto en Navarra para que se incluya allí. A lo que Primitivo Burgos respondió que lleva "6 años detrás de ello" y había sido "imposible".

REFLEXIONAR SOBRE LA LIBERTAD DE TESTAR SIN RESPETAR LA LEGÍTIMA

Los populares tampoco se han querido comprometer a cambiar el Código Civil para que las personas puedan disponer de sus bienes libremente al hacer testamento.

Esta enmienda fue presentada en la ponencia Social, que ha dirigido el vicesecretario de Política Sectorial, Javier Maroto. El enmendante reclamó el derecho de los mayores a que puedan dejar a sus hijos lo que consideren oportuno sin tener que respetar la legítima porque algunos vástagos "están pendientes de los padres y otros no", según explicó.

A esta cuestión le respondió el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, miembro de la Mesa de la Ponencia, quien apuntó que sería necesario hacer una "reflexión más profunda" sobre el reconocimiento de la libertad de testar. Pero alegó que esta cuestión supondría modificar el Código Civil y eso no entraba en la ponencia Social.