La juez que procesa al PP confunde en su auto al abogado de la formación con el defensor de Pablo Crespo

En uno de los párrafos de su auto, Freire explica que Alberto Durán, que desempeña su labor en el seno del partido desde el año 2010, "ejerce la defensa de otros imputados, en concreto Crespo", en referencia a Miguel Durán.

La magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa al PP y sus tres cargos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". Los discos duros acabaron en la basura, agrega.

En concreto, por el delito de daños informáticos la magistrada asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera "conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia" de dichos dispositivos y "permitió" que Moreno ejecutase dicha orden "a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello".

En cuanto al PP, Freire considera que no estableció "un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos" y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en Génova.

PRIMERA VEZ QUE UN PARTIDO SE SIENTA EN EL BANQUILLO

La decisión de la magistrada es un primer paso para que el PP se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. Será la primera vez que una formación política lo haga bajo esta figura.

IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída.

Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Se trató de la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal de enero de 2014 que lo hacia posible.