El PP no declara e insiste en el que la causa debe anularse

"Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, escrito de alegaciones, y las que realizamos en las cuestiones previas sobre el fondo de este procedimiento", ha destacado Santos que se sumó al inicio del juicio a la solicitud de anular el procedimiento al entender que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son "ilegales" y que las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción son "ilícitas y delictivas".

El PP se ha sentado este lunes ante el tribunal para responder por los delitos cometidos presuntamente por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, al beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas en los municipios que dirigían.

Anticorrupción fijó para la formación política el pago de un fianza de 245.492 euros que corresponde a los 111.864 euros que obtuvo Sepúlveda _que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión_ de la Gürtel, relativos a los gastos de la campaña municipal de 2003; y a los 133.628 euros con los que Ortega _para el que Fiscalía solicita 50 años y cuatro meses de cárcel_ benefició a la formación política municipal con 133.628 euros, según indica su escrito de acusación.

El abogado de la formación Jesús Santos también subrayó en la fase de cuestiones previas que por estos hechos deberían responder los grupos municipales y no el PP en sí. El PP tiene una condición en esta causa "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, dijo Santos, al tiempo que enfatizó que el PP no ha tenido "participación alguna" en los hechos que se le imputan, ni se conoce "el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad llevada a cabo por los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y las empresas de Francisco Correa.