El PP quiere que el Pacto de Justicia cambie la elección del CGPJ, limite aforamientos y despolitice los TSJ

El PP quiere que entre las propuestas que apruebe la subcomisión parlamentaria creada en el Congreso para la consecución de un Pacto de Estado para la Justicia se incluya una modificación en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como medidas para despolitizar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y limitar los aforamientos de jueces y fiscales.

Así lo ha adelantado este viernes la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, quien, a través de una nota de prensa, ha hecho un resumen de las 97 medidas que su partido va a llevar a la subcomisión, que tiene previsto pactar sus conclusiones en las próximas semanas.

Respecto al refortalecimiento de la independencia judicial, Moro ha remarcado la necesidad de "revisar el sistema de elección de vocales del CGPJ y el sistema de nombramientos de puestos discrecionales" y también ha apostado por "suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos elijan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia".

Otras de las propuestas del PP hablan de "reformular las condiciones del tránsito profesional entre política y justicia", de dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto orgánico y de reformar el régimen de acceso de abogados y procuradores".

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Sobre el fortalecimiento de la seguridad jurídica, que los 'populares' consideran clave "para mantener la estabilidad y el crecimiento económico", Moro ha defendido "impulsar un marco normativo que, en cumplimiento de las condiciones europeas, contribuya a la mejor protección de los datos personales haciéndolo compatible con la competitividad de las empresas, reforzar las garantías del consumidor, revisar el derecho de obligaciones y contratos e impulsar normas y mecanismos que contribuyan a reforzar la seguridad jurídica preventiva".

Al mismo tiempo, ha destacado otras medidas dentro de sus propuestas encaminadas a "la mejor protección a los colectivos más vulnerables". En este contexto, ha abogado por "aprobar una Ley Orgánica del Derecho a la defensa, fortalecer el sistema de justicia gratuita, dotar de mayor protección a los creadores, regular los lobbies, formular una nueva regulación del indulto y limitar el actual régimen de aforamientos".

El PP también va a defender que una "planificación estratégica de recursos humanos así como impulsar medidas para mejorar la calidad y eficacia en la provisión de puestos y promoción profesional".

Según Moro, con las 97 medidas que va a poner sobre la mesa el Grupo Popular, se busca "una Justicia más abierta, transparente y que rinda cuentas". Para ello, ha apostado por "la agilización y reorganización de la Justicia, el fortalecimiento de la independencia judicial, una justicia para las personas acorde con la realidad social y una mayor seguridad jurídica para impulsar el crecimiento económico".

EFICIENCIA Y AGILIDAD

Para que la Justicia sea más ágil y eficiente el Grupo Popular propone, según María Jesús Moro, "la configuración de estructuras eficientes de la Justicia y nuevas formas de organización judicial". Así, ha subrayado la necesidad de "avanzar en la transformación digital de la Justicia fortaleciendo la gobernanza estratégica de las nuevas tecnologías hasta convertir el nuevo entorno en el trabajo ordinario con normas y procedimientos adaptados y con plenas garantías de seguridad jurídica".

"Todas estas medidas reforzarían la idea de una Justicia para las personas, que es la que defiende el PP", ha remarcado Moro, quien ha destacado "el amplio consenso que existe sobre ellas entre los operadores jurídicos".

Así se ha desprendido, según la portavoz popular, de las peticiones insistentes que todos los sectores de la Justicia han realizado al Grupo Popular y que ahora pretende consensuar en el marco del Pacto de Estado de la Justicia.

Por último, la portavoz popular ha propuesto que la Comisión de Justicia del Congreso haga un seguimiento de la Estrategia Nacional de Justicia que apruebe la Subcomisión.