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PP y PSOE quieren subir las multas para los ayuntamientos que no den datos al Tribunal de Cuentas

El PP y el PSOE quieren que se incremente la cuantía de las multas que puede imponer el Tribunal de Cuentas a los ayuntamientos y demás entes locales que no cumplan con su deber de rendir cuentas ante el órgano fiscalizador.
Así consta en sendas propuestas de resolución que registradas por los dos partidos mayoritarios en relación con el informe de fiscalización sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover la rendición de cuentas en el ámbito local y que se debatirán este miércoles en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) que trata los asuntos relativos al órganos que preside Ramón Álvarez de Miranda.
En sus textos, muy similares, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP y el PSOE argumentan que subir la cuantía de las sanciones contribuirá a "fortalecer la efectividad" de las mismas, es decir, ayudará a que los entes locales cumplan los requerimientos del tribunal.
En concreto, mientras que los socialistas apuntan la conveniencia de subir las cuantías las multas, los 'populares' buscan que las Cortes insten directamente al Gobierno a efectuar las modificaciones legislativas que procedan para revisar al alza los importes de las sanciones que puede imponer el tribunal, tras realizar el correspondiente requerimiento conminatorio, en el caso de incumplimiento del deber de rendición de cuentas.
HASTA AHORA, MULTA MÁXIMA DE 900 EUROS
Ambos partidos plantean que se incremente "la cuantía los límites" de estas sanciones que, según el artículo 30.5 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que data de 1988, oscila entre las 10.000 y las 150.000 pesetas (entre 60,1 y 901,5 euros).
La norma vigente faculta al Tribunal para reiterar esa sanción "hasta obtener el total cumplimiento de lo interesado" y establece que la multa "se graduará teniendo en cuenta la importancia de la perturbación sufrida".
Estas multas se pueden imponer con independencia de la "responsabilidad penal a que hubiere lugar", de que el Tribunal de Cuentas ponga en conocimiento de las Cortes Generales la falta de colaboración de los obligados a prestársela y de que proponga al Gobierno, ministros o autoridades de todo orden, la imposición de sanciones disciplinarias, incluida la separación del servicio del funcionario o el cese de la autoridad responsable del incumplimiento.