PP, PSOE y Ciudadanos tumbarán el jueves en el Congreso la enmienda de Unidos Podemos contra el CETA

A la salida de la reunión de la Junta de Portavoces, los portavoces parlamentarios de los dos partidos mayoritarios han ratificado su voto contrario tanto a la enmienda de totalidad. Lo propio ha hecho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en su habitual reunión con sus diputados.

El líder naranja, que intervendrá el jueves para defender la postura del partido, ha cargado contra Podemos y contra otros partidos "anticomercio" y "antilibertad" como el Frente Nacional o Syriza que rechazan este acuerdo.

SI NO FIRMAMOS CON CANADÁ, ¿CON QUIÉN?

"Si no firmamos un Tratado de Libre Comercio con Canadá, ¿con quién lo vamos a firmar?", se ha preguntado Rivera, refiriéndose al cambio de postura de Estados Unidos desde que Donald Trump es presidente.

En su enmienda de totalidad, Unidos Podemos denuncia que los capítulos 8 y 26 del CETA "violan en grado sumo preceptos fundamentales del orden constitucional establecido" además de las cesiones de soberanía popular mencionadas anteriormente.

Estos capítulos se refieren a las inversiones --donde se eliminan límites de capital extranjero y requisitos de funcionamiento, entre otras medidas-- y a la forma administrativa en la que se aplicará el CETA, a través de la creación de comités mixtos y especializados.

QUE EL TC SE PRONUNCIE

En el mismo debate el Congreso también verá la propuesta de requerimiento de constitucionalidad registrada por Unidos Podemos, con el objeto de que el Tribunal Constitucional analice si el tratado entra en contradicción con artículos de la Carta Magna. A principios de abril, Unidos Podemos solicitó a la Cámara Baja que se paralizara la tramitación de este tratado hasta que se pronunciase el Alto Tribunal.

La petición de Podemos, que también será rechazada por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se basa en el artículo 95 de la Constitución, que establece que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional y que la pueden solicitar el Gobierno, el Congreso o el Senado.

Este tratado fue ratificado por el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, lo que dio luz verde a su entrada en vigor de forma provisional. En todo caso, esta no será definitiva hasta que los parlamentos nacionales y regiones competentes --casi 40 cámaras-- lo ratifiquen.