El pacto de PP y Ciudadanos protege a denunciantes de corrupción y castiga el enriquecimiento ilícito

El pacto de 150 medidas firmado por PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy incluye nuevas medidas contra la corrupción como la protección de los funcionarios que destapen casos de corrupción, el castigo penal al enriquecimiento ilícito de cargos públicos y el encargo a una autoridad independiente de la labor de vigilar las incompatibilidades que venía haciendo Hacienda.

"Es importante que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros" ha defendido Rivera durante la rueda de prensa posterior a la firma del pacto, confiando en que España "vuelva a ser el orgullo de la clase media.

En concreto, ambas formaciones plantean aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción, con el fin de "reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general".

Otra medida es impulsar de forma inmediata una reforma de la Ley de Contratos para incrementar los controles y cerrar cualquier espacio a irregularidades en fases de preparación, adjudicación y ejecución. En especial, se limitarán los supuestos de modificación y fraccionamiento de los contratos y se reforzará la independencia de los órganos técnicos y profesionales que intervienen en el procedimiento.

PARA PILLAR LOS YATES Y LOS FERRARIS

Además, el acuerdo extiende los mecanismos de comprobación de la situación patrimonial de los cargos públicos a todas las Administraciones Públicas e instituciones del Estado. "Pillar a los de los yates, los ferraris, que escuchamos muchas veces", ha concretado. Y en paralelo, se plantea una reforma puntual del Código Penal para perseguir a aquellos que se enriquezcan de forma ilícita.

El pacto reclama "más contundencia frente a la corrupción" y apuesta por mejorar la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos, así como la dotación de medios dedicados a la lucha contra la delincuencia organizada.

Igualmente, se pretende potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción, dedicando los recursos económicos obtenidos a la lucha contra el fraude y ampliando el decomiso a los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado. Además, el responsable de la oficina deberá dar cuentas periódicamente ante el Congreso.

El pacto de 'populares' y 'ciudadanos' busca también "endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese en caso de incorporaciones ex novo a empresas o fundaciones de un sector en el que no tenían experiencia profesional previa y hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión, así como encomendar la vigilancia a un organismo independiente.

Hasta ahora es la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien se encarga de la supervisión de las incompatibilidades, pero el pacto quiere que sea un organismo independiente, que además deberá emitir un informe de idoneidad de aquellos candidatos que deban comparecer en el Parlamento con carácter previo a su nombramiento.

MÁS TRANSPARENCIA

El pacto impulsará la reforma de la Ley de Transparencia para permitir que el presidente de su Consejo sea elegido por mayoría de tres quintos del Congreso. Introduce mejoras en el Portal para fomentar la participación y ofrecer datos con un mayor grado de detalle para que los ciudadanos conozcan el destino "de cada euro gastado".

PP y C's quieren también promover una ley que exija la creación de un registro público de lobbies en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos públicos.

Además, y como pactaron el pasado 19 de agosto en su pacto anticorrupción que abrió paso a las negociaciones de investidura, el PP y Ciudadanos se comprometen a eliminar los aforamientos, separar de sus cargos públicos y de las listas a los imputados o encausados por corrupción, abrirán su pacto a los demás partidos, prohibir indultos a condenados por corrupción, y limitar a ocho años el mandato del presidente del Gobierno.

Este pacto, que incluye también la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del PP y la apertura de un proceso de reforma electoral, se ofrece a los demás partidos para su ampliación.

QUE CADA PARTIDO ELIJA SU DEMOCRACIA INTERNA

Y en ese mismo pacto se plantearán medidas para una mayor democracia interna de los partidos que incluya participación efectiva de los afiliados en la toma de decisiones, mejorar los procedimientos electorales internos (primarias), pero respetando la autonomía organizativa de cada formación política, la celebración de congresos de manera periódica y la existencia de órganos internos de control independientes.

Igualmente, se comprometen a refundir las leyes relativas a los partidos políticos y a su financiación bajo la denominación de Ley orgánica de los partidos políticos y de control de su financiación.

En el ámbito parlamentario, se habla de una reforma del reglamento del Congreso para modificar el régimen de mayorías necesario para la adopción de acuerdos relativos a la creación de comisiones de investigación