El PNV llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su reforma de la ley de secretos para desvelarlos a los 25 años

En la frustrada legislatura anterior, la Cámara Baja llegó a tomar en consideración esta iniciativa de los nacionalistas vascos, pero no pudo seguir su habitual trámite parlamentario ante la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones del pasado junio.

LOS REPAROS DEL PP

Ahora ha querido que la proposición vuelva a ser debatida en la sesión plenaria del próximo martes, cuyo orden del día acaba de aprobar la Junta de Portavoces, y de nuevo el texto podría volver a cosechar el respaldo de la oposición. En el primer debate de esta iniciativa, el PP expresó sus reparos a la propuesta del PNV e indicó que la ley de secretos, que data de 1968, exigía una revisión completa y no un "parche" que puede provocar "incoherencias legales".

En su proposición, que recoge Europa Press, los nacionalistas vascos reconocen que si bien "la seguridad y la defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido", su "resguardo" no es "absoluto", pues "debe dialogar con otros valores y principios constitucionalmente protegidos".

Ya que tanto el Congreso como el Senado son informados de las materias clasificadas, el PNV pide ahora "abordar la adaptación de este valor a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad".

PRÓRROGA EXCEPCIONAL Y MOTIVADA POR OTROS 10 AÑOS

De este modo, quiere que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".

Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.

También plantea suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.