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La investigación se extiende a una presunta financiación irregular del PP valenciano

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales. Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado va a demandar a todos sus cargos condenados por corrupción para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.
RITA BARBERA, ¿INVESTIGADA?
En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.
El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy , se ha pronunciado ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".
"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.
La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas --ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat-- que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado 'caso Imelsa'.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
ÁMBITO MAYOR
Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública --entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales--.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
EL PPCV DENUNCIARÁ A LOS CARGOS CONDENADOS
La presidenta del PP valenciano ha anunciado que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora "inédita" en la política y presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción, con sentencia firme, una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa que ha comenzado asegurando que el pasado martes fue un día "bochornoso y negro", que no le gustaron "las imágenes y los delitos" que se les imputan a los detenidos e investigados --antes imputados-- y que su sentimiento es de "rabia e indignación".
No obstante, y tras "pedir perdón por los errores que se han cometido", Bonig ha recalcado que su partido ya ha iniciado un proceso de regeneración que "no tiene vuelta atrás" porque considera que a política "se viene a servir y nunca a ser servidos" y, por tanto, mantiene una actitud de "tolerancia cero a la corrupción".