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ONG avisan de que España podría ser "cómplice" de atrocidades en Yemen si vende cinco corbetas a Arabia Saudí

Consideran que esta operación es "ilegal" porque "viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas"
Las ONG pertenecientes a la campaña 'Armas Bajo Control' --Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón-- han advertido este jueves de que España podría ser "cómplice" de la comisión de atrocidades en la guerra de Yemen si se concreta el contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.
Las organizaciones lo han avisado dos días antes del viaje del Rey Felipe VI al país árabe, visita que pretende también favorecer la firma del contrato para que la empresa pública construya los cinco buques de guerra para las Fuerzas Armadas saudíes y que, según las ONG, "van equipados con cañones de diverso calibre, misiles, torpedos y pueden transportar un helicóptero de combate".
"De realizarse esta operación, España podría convertirse en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto de Yemen debido al riesgo manifiesto de que las corbetas puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval que impide el acceso de la ayuda humanitaria, violaciones todas elllas graves del Derecho Internacional", han remarcado.
Hace un año, las cuatro ONG ya se dirigieron a Navantia y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para manifestarles su oposición a esta operación de venta de las corbetas, ya que la consideran "ilegal en virtud del Derecho español e Internacional".
LEYES Y TRATADOS SOBRE COMERCIO DE ARMAS
Según el artículo 8.1 de la Ley sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas "cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de Derechos Humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos".
Además, el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas --ratificado por España en 2013-- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, el Estado tiene conocimiento de que las armas "podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra".
Así, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha resaltado que "cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas", por lo que ha pedido al Gobierno español que no autorice estas exportaciones "mientras exista un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del Derecho Internacional o ser objeto de desvío".
Por su parte, Jose María Vera, director de Oxfam Intermón, ha denunciado la "catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen".
1.400 MILLONES DE EUROS EN ARMAS EN DIEZ AÑOS
A pesar de ello, España ha venido armas a Arabia Saudí en la última década, según el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, por valor de casi 1.400 millones de euros", de modo que ha pedido al Ejecutivo que investigue "si las municiones, granadas de mortero, bombas, torpedos, cohetes, misiles, aviones y vehículos blindados españoles se han utilizado para matar civiles inocentes en Yemen".
Para Jordi Armadans, director de FundiPau, "el debate no puede reducirse a puestos de trabajo a costa de la vida de civiles inocentes yemeníes" y ha reclamado "valentía y visión a largo plazo para afrontar un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas y un compromiso real con la paz y el respeto al Derecho Internacional".
También ha pedido que adopten medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas para garantizar que España cumple sus obligaciones según el Derecho Internacional y la legislación española y europea, que prohíben la venta de armas si éstas pueden usarse para cometer crímenes de guerra.