El juez del caso Nicolay pide a la Policía sus programas 'espía', quién los ha instalado y a quién han grabado

El juez Arturo Zamarriego retomará en septiembre las citaciones en el marco de la instrucción del 'caso Nicolay', donde espera contar con la información requerida a la Dirección General de la Policía (DGP) sobre los programas 'espía', qué funcionarios los han instalado y a quién han grabado. Antes de tomarse unas vacaciones, el magistrado sumó esta petición a la DGP a otras sobre la relación de viajes a Cataluña y las cuentas de correo electrónico.

El titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid investiga la grabación que se filtró a la prensa de una conversación el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Marcelino Martín Blas, entonces al frente de la Unidad de Asuntos Internos, y otros agentes de la Policía y del CNI cuando hablaban sobre actuaciones que afectaban a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'Pequeño Nicolás'.

A principios de agosto, antes de tomarse unos días de descanso, el juez notificó a las partes que había pedido a la Dirección de la Policía que le informarse sobre el uso de un programa que sirve para encriptar o grabar las conversaciones desde teléfonos móviles, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Concretamente, pidió que se le diera traslado de si es habitual que se instale este tipo de programas, cuántas veces se ha hecho, a quiénes y la identidad de los funcionarios que llevaron a cabo este cometido.

El juez instruye la causa guiándose por la comisión judicial que, en contra del criterio del fiscal, encabeza el propio Martín Blas, el comisario que fue grabado el 20 de octubre de 2014. Esta comisión elevó en mayo un informe en el que responsabilizaba de la grabación a José Manuel Villarejo, un comisario que se definía como "agente encubierto" hasta su jubilación, el pasado 4 de agosto.

El fiscal asignado en este caso, Alfonso San Román, contravino lo ordenado por el juez y el pasado 29 de junio solicitó que se disolviera la comisión judicial liderara por Martín Blas por su "extralimitación intolerable" en las diligencias practicadas. El magistrado, no obstante, abrió de oficio el 18 de julio una nueva pieza separada, la cuarta, requiriendo la intervención de las cuentas de correos electrónicos cruzados entre policías y periodistas.

El 21 de julio, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que respaldaba al representante del Ministerio Público. Un día después, antes de participar en un curso de verano en El Escorial, Consuelo Madrigal refrendó las "buenas razones" de Alfonso San Román, subrayando así su apoyo personal a este fiscal.

CITACIONES PARA SEPTIEMBRE

A lo anterior se suma la providencia de 11 de julio en la que el juez Zamarriego pedía a la Dirección General de la Policía la relación de viajes oficiales a Cataluña que realizaron los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas entre 2012 y 2014. La institución que dirige Ignacio Cosidó aseguró entonces que "estaban a lo que diga el juez", remarcando así su colaboración con la Justicia, según detallaron a Europa Press fuentes este Cuerpo.

Zamarriego también quería que constara la "duración y los detalles" de estos viajes oficiales, así como que se le comunicara si Villarejo se encuentra "en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha", es decir, sobre cuándo trabajó como funcionario y cuando para sus empresas ligadas a la seguridad privada y que, según su versión, ha puesto al servicio del Estado.

Por el juzgado de instrucción 2 en Plaza de Castilla han desfilado, además de Martín Blas y Villarejo, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, que declaró en calidad de testigo. La actividad judicial se retomará, si se cumple la agenda comunicada a las partes, el próximo 7 de septiembre con la declaración ante Zamarriego del perito que elaboró el informe sobre la grabación del 20 de octubre de 2014.

Según han confirmado fuentes jurídicas, se tomará declaración además a dos vigilantes de seguridad que se encontraban en el pasillo de los juzgados por un asunto relacionado con una presunta coacción denunciada por el 'Pequeño Nicolás'. También se hará lo propio con Jorge González Hormigos, el policía local responsable de seguridad del Palacio de Cibeles, y Gemma Isabel Alcalá, la mujer del comisario Villarejo que dirige el medio de comunicación donde se publicó la grabación del 'caso Nicolay'.

GUERRA DE COMISARIOS

Este caso judicial dirime la llamada 'guerra de comisarios', con el enfrentamiento entre mandos policiales veteranos bajo las órdenes de Eugenio Pino, director adjunto Operativo (DAO) hasta su jubilación a dos días de las elecciones del 26 de junio. En el epicentro se hallan dos comisarios que pasaron de colaboradores a enemigos acérrimos: José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas.

La alusión a Cataluña la realizó Villarejo en su declaración ante el juez Zamarriego, remontándose a 2012 para fechar su mala relación con Martín Blas. Se refería a la 'operación Emperador' que desarticuló la red mafiosa china que lideraba Gao Ping y en la que también se vieron envueltos otros mandos policiales.