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La jueza del caso Nicolás disuelve la comisión judicial sin cursar diligencias sobre De la Joya y el director del CITCO

La jueza del 'caso Nicolás', María del Pilar Martínez Gamo, ha disuelto la comisión judicial liderada por Marcelino Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos al frente de la investigación, sin atender a su petición de practicar nuevas diligencias sobre el empresario Adrián de la Joya y el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera.
La juez que sustituye a Arturo Zamarriego al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha notificado dicha decisión en sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, firmados el pasado 14 de julio.
En el primero de ellos da las gracias a Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos, y al otro policía (Rubén López) que investigaron la grabación y difusión de una conversación entre policías y agentes del CNI en el marco de las actuaciones en las que se detuvo en 2014 a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'.
En el segundo de sus escritos, la juez rechaza asumir las "propuestas de actuación" formuladas por la comisión judicial en un escrito con fecha de 12 de julio en el que se proponía nuevas actuaciones por una "estafa atribuible al investigado Francisco Nicolás Gómez Iglesias a través de un presunto engaño a Francisco Javier Martínez de la Hidalga, con un desplazamiento patrimonial de 25.000 euros a favor de aquel".
NO ES COMPETENTE
Martínez Gamo considera que su juzgado no es el competente para dicha investigación, sin perjuicio de que se abra otro procedimiento si se considera que existen indicios racionales de criminalidad. Tampoco considera relevante en su instrucción, al hilo de lo defendido por la Fiscalía, determinar quién fue el autor de la filtración de la grabación del 'caso Nicolay' del 20 de octubre de 2014, objeto de una larga investigación de Martín Blas, que señaló como responsable a otro comisario jubilado, José Manuel Villarejo.
Los agentes al frente de la comisión sospechan que el comisario José Manuel Villarejo se implicó en el caso del 'Pequeño Nicolás' a instancias del empresario Adrián de la Joya para intentar evitar que la investigación alcanzara a la finca La Alamedilla, administrada formalmente por de la Joya pero vinculada a Mario Conde. Con ese propósito, habría grabado y difundido la conversación entre dos policías y dos agentes del CNI.
La juez, sin embargo, entiende que la comisión judicial está realizando una investigación "netamente prospectiva", rechazando que ahora se soliciten las comunicaciones telefónicas de De la Joya y del comisario Olivera, anterior jefe de la UDEF y actual responsable del CITCO. Se trata, según la magistrada, "de una investigación carente de base objetiva suficiente".
El pasado 8 de julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid archivó parte de la investigación que se llevó a cabo en una subpieza separada del 'caso Nicolás'. Concretamente rechazaba que se accediera a los correos del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, por entonces 'mano derecha' del director adjunto operativo (DAO), el ya jubilado Eugenio Pino. También se solicitó que se hiciera lo propio con los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.
En la línea con lo defendido por el fiscal Alfonso San Román (que fue defendido por ello por la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal), la nueva jueza instructora del 'caso Nicolás' ha tomado estas decisiones encuadradas en uno de los episodios conocidos como la 'guerra de comisarios'.
Su predecesor, Arturo Zamarriego, colocó al frente de la comisión judicial a uno de los policías afectados por la grabación, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, enemistado con Villarejo y con el ex DAO Eugenio Pino. Martínez Gamo también ha rechazado ha denegado que Martín Blas se pueda personar ahora en el procedimiento como perjudicado.