Millo: "Quien sostenga que existirán dos legalidades paralelas en España miente"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que la ley de transitoriedad jurídica que activaría la 'desconexión' y dotaría a Cataluña de leyes propias no tendría ninguna vigencia en caso de aprobarse en el Parlament: "Quien sostenga que existirán dos legalidades paralelas en España miente".

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que en España sólo hay una legalidad constitucional y "nadie debe intentar construir un relato extravagante de ciencia ficción diciendo que habrá un momento en que convivirán dos legalidades".

La hoja de ruta independentista fija tres leyes de 'desconexión': dos ya se han aprobado --la de Seguridad Social y la de Hacienda Catalana-- y falta la de transitoriedad jurídica, que prevé sentar las bases de una legalidad catalana que permitiría un eventual referéndum.

El diputado de JxSí Lluís Llach dijo que el Govern sancionará a los funcionarios que incumplan esta legalidad catalana, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no lo aclaró y defendió que las normas aprobadas en el Parlament deben cumplirse.

Ante esta situación, Millo ha garantizado que "nadie conculcará ni vulnerará" los derechos de los funcionarios porque una hipotética nueva legalidad catalana se suspendería automáticamente, tras lanzar un mensaje de tranquilidad porque el Gobierno los protegerá.

Sobre la denominada 'operación precinto' --posibilidad de que el Estado emprenda medidas contra el referéndum, como cerrar colegios electorales y precintar urnas--, Millo ha defendido que "no hace falta ir tan lejos y lo mejor es concentrarse en evitarlo".

Confía en que el Govern recupere el juicio --ha dicho-- y descarte un referéndum ilegal que desencadenaría "una respuesta inmediata del Estado", teniendo en cuenta que su deber es garantizar que se cumplen las leyes.

No quiere pensar ahora en cuáles serían las consecuencias, pero recuerda que la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que no es automática, "es una medida de última instancia que permite garantizar la recuperación de la legalidad constitucional cuando ésta es vulnerada".

MECANISMOS EFICACES

Confía en que no se llegue a este punto porque antes hay otros mecanismos "en el ámbito de las impugnaciones y las resoluciones judiciales", que ya se han demostrado eficaces con anterioridad, como es el caso de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

"La diferencia hoy es que hay una lista de sentencias del TC que dejan muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer", con lo que ningún responsable del Govern puede alegar desconocimiento, ha avisado.

Añade que, a diferencia de lo que ocurrió con el 9N, las autoridades soberanistas han sido advertidas de que no pueden convocar un referéndum independentista, e indica que hacerlo tendrá "una gravedad muy superior" a la del 9N.

Aquella consulta ha culminado en la inhabilitación del expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, pero las consecuencias serían mayores con un referéndum: "Si te saltas un semáforo en rojo, te quitan el carné; si te lo saltas dos veces, puedes tener problemas, y si te lo saltas tres, puedes tener problemas muy graves y no puedes alegar que la policía te tiene manía".

MANO TENDIDA

Millo insiste en pedir que la Generalitat deje su "enrocamiento" y acepte la mano tendida al diálogo del Gobierno central, no para hablar de cómo vulnerar las leyes, sino para abordar las necesidades reales de los ciudadanos, las infraestructuras y la financiación.

Precisamente sobre la financiación, ha defendido un nuevo modelo que incluya el principio de ordinalidad porque está "cargado de sentido común", ya que garantiza tres pilares: igualdad por cápita, solidaridad entre territorios y redistribución equilibrada para no lastrar a las comunidades que más aportan ni castigar a las que contribuyen menos.

Ha pedido a los soberanistas que abandonen el camino intransitable que lleva la colisión institucional porque, de lo contrario, podría interpretase una intencionalidad "irresponsable de buscar fórmulas de calentar la calle, el ambiente, en términos de precampaña electoral, algo impropio de gobernantes: quiero pensar que esta no es su estrategia y que se reconducirá la situación".