Millet y Montull se sientan en el banquillo por primera vez

La vista oral, que está previsto se alargue hasta finales de marzo, arranca en la sala polivalente de la Audiencia de Barcelona con los interrogatorios a Millet y Montull, que todavía tienen pendiente comparecer en juicio --aun sin fecha-- por el desfalco de unos 35 millones de euros del Palau de la Música y cuya instrucción está a punto de acabar.

En la causa del hotel que empieza a juzgarse están imputados también el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon Garcia-Bragado y el arquitecto del proyecto, Carles Díaz, para los que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, y que están citados el martes para someterse al interrogatorio por supuesta falsedad en documento oficial y delito continuado de prevaricación.

El entonces gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y el exdirector jurídico de Urbanismo del consistorio barcelonés Enric Lambies se enfrentarán en la vista a la misma pena por idénticos presuntos delitos y está previsto que declaren como imputados el miércoles.

El fiscal cree que Millet y Montull aprovecharon "de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación que tenía la Fundació Orféo-Palau de la Música Catalana", para conseguir que la Generalitat y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones.

"Beneficio personal"

"Buscaban en aquella operación conseguir un importante beneficio económico personal en diversos momentos de su tramitación", concluyó la Fiscalía en su escrito de calificación al cierre de la instrucción.

Compraron en noviembre de 2003 inmuebles cercanos al Palau de la Música propiedad del Institut de Germans de les Escoles Cristianes, aunque "sabían perfectamente", gracias al asesoramiento de Díaz, que la calificación del Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM) no permitía construir el hotel de lujo que querían, pues era solo para equipamientos educativos.

Aprovecharon su "relación de confianza y amistad" con García-Bragado, que entonces era secretario de la Presidencia de la Generalitat y que antes había sido concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, y de Massaguer, gerente de Urbanismo, para conseguir en noviembre de 2004 un cambio de calificación urbanística en cuya redacción trabajaron en colaboración con Díaz.

Los cinco acusados acordaron que en el primer convenio --firmado el 8 de marzo de 2006 a tres bandas entre la institución cultural, el Ayuntamiento y la Generalitat-- se ocultase "la operación lucrativa" que buscaban Millet y Montull, siempre según el relato de la Fiscalía.

Se pusieron de acuerdo en que durante la tramitación constase que las fincas donde se iba a hacer el hotel eran propiedad de la Fundación, cuando en realidad, se trasmitía la titularidad a un tercero, con el que también se mostró de acuerdo Lambies, que era director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

900.000 euros en metálico

Una vez firmado el acuerdo, Millet y Montull abrieron una "especie" de concurso privado para buscar a una empresa concesionaria, eligiendo a Olivia Hotels, del que era administrador Manuel Valderrama, y que acordaron que además de los 15.000.000 euros del valor de los solares, le pagase adicionalmente 900.000 euros en metálico.

Valderrama --que está citado para declara en el juicio como testigo-- desconocía "el verdadero propósito de lucro que buscaban" Millet y Montull, y entregó esta suma como precio de la adjudicación, que inmediatamente los acusados incorporaron a su patrimonio personal.