Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El nuevo juez del 'caso Blesa' levanta el secreto del sumario del crédito a Díaz Ferrán

Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, llamado a declarar con carácter de urgencia ante el juezcuatro.com

El magistrado Juan Antonio Toro, que sustituye al juez Elpidio José Silva en la instrucción del 'caso Blesa' mientras se resuelve su recusación, ha decidido levantar el secreto de sumario de la causa que investiga la concesión de un crédito por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad, según han informado fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 36, Juan Antonio Toro, ha tomado esta decisión después de que se mostrara partidario de no efectuar ninguna diligencia que no considerara urgente hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera sobre la recusación del juez Silva que fue planteada por la defensa del banquero Miguel Blesa y a la que se adhirió el abogado de quien fuera jefe de la patronal.
Precisamente, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid hará pública esta semana su decisión sobre si anula o no la causa del préstamo a Grupo Marsans. La Fiscalía presentó la petición de nulidad de un proceso que fue reabierto por el juez Silva el pasado noviembre tras rechazar la Audiencia Nacional acumularlo en la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
La defensa de Blesa interpuso un incidente de recusación contra el juez Silva al dudar de su imparcialidad y entender que sus decisiones revelan un "interés personal, directo e indirecto" en la causa, así como una "enemistad manifiesta" que lleva a pensar que actúa más como "denunciante" que como un instructor independiente.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Blesa argumenta que los autos del juez Silva son prolijos en "descalificaciones" y emplean un "tono despectivo y denigrante" que revelan su falta de imparcialidad y "contaminación" para instruir la causa seguida contra su cliente.
En su opinión, las resoluciones del instructor contienen consideraciones de fondo "tan minuciosas como arbitrarias" y son prolijas en "descalificaciones" contra Blesa sobre su "mala gestión, ausencia de mínima diligencia, ignorancia deliberada" e "inactividad" que, a todas luces, le incapacitan para llevar a cabo esta investigación.
La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se ha opuesto alegando que no se ha aportado ninguna prueba que acredite el "interés" del juez en el procedimiento.
RECURSO CONTRA LA PRISIÓN DE BLESA
La Audiencia de Madrid tiene pendiente de estudio otro recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de prisión incondicional dictado contra Blesa en una pieza separada de esta causa, la que investiga la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida.
El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra".
Díaz Ferrán y Blesa están acusados de un delito societario y de falsedad documental por el préstamo investigado, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.
Silva investiga también en una pieza separada a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. El juez ve indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.