Alaya acusa a la Junta de crear "una red de clientelismo político"

Fuentes del caso han informado de que, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

La juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros ocho detenidos que han comparecido en sede judicial, la última de ellas la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, que se ha negado a declarar y que ha quedado en libertad con cargos después de que la magistrada le haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

También han quedado en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su "absoluta inocencia"; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.

Estas tres detenidas también se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, han indicado las fuentes, que han anunciado que la juez tiene previsto tomar declaración en la tarde de este miércoles a otros cuatro detenidos por la Guardia Civil.

Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con cargos esta madrugada a las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros-- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.

En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.

Detenidos siete exdelegados provinciale de empleo

También hay detenidos siete ex delegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Jaén y Granada.

En Málaga, y además de al ex delegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al ex director gerente y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la exdirectora gerente del consorcio Formades.

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Bajo secreto

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".