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Medio centenar de cargos de los tres principales sectores de Podemos piden un acuerdo sobre la Comisión de Garantías

Más de medio centenar de cargos orgánicos y públicos de Podemos, entre los que hay miembros de los tres principales sectores el partido --'pablistas', 'errejonistas' y anticapitalistas--, han lanzado este jueves un manifiesto para pedir a sus equipos que alcancen un acuerdo sobre cómo debe ser la Comisión de Garantías que salga de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de mediados de febrero.
La Comisión de Garantías, que actualmente preside la diputada Gloria Elizo, es el órgano encargado de proteger los derechos de los militantes, de velar por el buen comportamiento de los cargos del partido y de resolver los conflictos estatutarios. Su modo opaco de funcionamiento, el abandono de algunos de sus integrantes y sus dictamenes han sido objeto de polémica en los últimos meses.
Los firmantes del manifiesto 'Una Comisión de Garantías independiente y eficaz: Objetivo irrenunciable para Vistalegre 2' defienden que este órgano debe ser más independiente, transparente y actuar "de manera imparcial".
"Dos años después de Vistalegre I, los defectos de ese modelo se han hecho evidentes para el conjunto de la militancia de Podemos", aseguran los impulsores de esta iniciativa, entre las que figura la todavía miembro de la Comisión de Garantías Estatal Marina Avia y los exmiembros Ana Cannilla, Pablo Castaño y Manuel Maroto.
El manifiesto, que ya cuenta con más de 70 adhesiones, se inspira en el acuerdo sobre este asunto que alcanzaron, en las primarias de la Comunidad de Madrid del pasado otoño, las tres principales candidaturas que concurrieron en ese proceso, que se corresponden con los sectores antes mencionados.
En concreto, desde el equipo 'Podemos para todas' que lidera el secretario general, Pablo Iglesias, se han sumado las diputadas Rita Bosaho y Sofía Castañón; desde el sector 'errejonista', agrupado en 'Recuperar la Ilusión', figuran, entre muchos otros, los dirigentes Jorge Moruno, Pablo Bustinduy, Clara Serra o el diputado Juan Pedro Yllanes; y desde los anticapitalistas que compiten en este proceso como 'Podemos en Movimiento', el eurodiputado Miguel Urbán o la portavoz parlamentaria en la Comunidad de Madrid Lorena Ruiz-Huerta.
INCOMPATIBILIDADES Y REMUNERACIÓN EXCLUSIVA
En su texto, proponen una serie de medidas "orientadas a reforzar la independencia y autonomía funcional de la Comisión de Garantías", como por ejemplo, fijar la incompatibilidad de la pertenencia a este órgano "con cualquier otro cargo externo o interno, incluida la portavocía o dirección de cualquier equipo de trabajo".
También piden "independencia orgánica" para que la Comisión tenga "capacidad plena para actuar de oficio en todas las fases de todos los procedimientos, incluidos los disciplinarios"; o "autonomía financiera", es decir, que pueda gestionar su propio presupuesto.
Además, defienden que los miembros de la Comisión de Garantías no puedan recibir "remuneración alguna, directa o indirecta, por parte del partido, salvo la que en su caso se estableciera por el cumplimiento de sus funciones como miembros de Garantías".
En quinto lugar piden que "quienes ejerzan funciones dentro de la Comisión de Garantías de manera remunerada" tengan protegido su puesto "de manera especial contra despidos o procesos de finalización de contrato".
EQUIPOS DE MEDIACIÓN
Asimismo, apuestan por crear "una instancia intermedia de resolución de conflictos basada en equipos de mediación, que intentará de manera previa solucionar los conflictos a través de mecanismos alternativos a la sanción disciplinaria, o a través de sanciones leves". "Estos equipos se regirán por los principios de imparcialidad, flexibilidad y cercanía", añaden, al tiempo que matizan que estos equipos no actuarán en "aquellos casos que se consideren de especial gravedad".
Por último, defienden que "la Comisión deberá rendir cuentas de su tarea ante el Consejo Ciudadano Estatal periódicamente, así como publicar sistemáticamente sus resoluciones, dictámenes, actas y cuentas".
"Creemos que estas sencillas modificaciones estatutarias permitirían avanzar hacia una Comisión de Garantías capaz de proteger los derechos de las personas inscritas en Podemos y resolver los conflictos estatutarios de manera imparcial", aseguran en el manifiesto, recogido por Europa Press.
"Además, la mejora del funcionamiento de Garantías contribuiría a la racionalización y descentralización del funcionamiento del partido, evitando que los inevitables conflictos internos se canalicen exclusivamente a través de rencillas, faccionalismos y relaciones basadas en la confianza y la desconfianza", añaden.