En Marea plantea el jueves al Congreso que se investigue a la Fundación Franco por alentar el incumplimiento de la ley

La iniciativa, firmada por la diputada de IU Yolanda Díaz y que recoge Europa Press, señala que la citada entidad ha enviado una carta a 355 alcaldes a los que ofrece asesoramiento y asistencia legal para que no tengan que aplicar la norma que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos.

En la carta, la Fundación Francisco Franco pone a disposición de esos regidores "un equipo de abogados con experiencia, riguroso, externo, independiente y a bajo coste para asesorarle, con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta".

NO DEBERÍAN "CEDER"

La Fundación Francisco Franco, prosigue el texto, incluye algunas razones por las que los alcaldes no deberían "ceder" ante quienes quieren "legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: la Transición, la Monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico".

El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, estableciendo que las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son "ilegales".

Además, la Ley de Fundaciones señala que el Protectorado único de Fundaciones, de competencia estatal y dependiente del Ministerio de Educación, velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y actuar si encontrase indicios racionales de ilicitud penal en la actividad su actividad.

Y SI HAY ILICITUD, QUE ACTÚE LA FISCALÍA

Por todo ello, En Marea quiere que el Congreso inste al Gobierno a dictar las instrucciones pertinentes para que el Protectorado abra una investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Francisco Franco.

Añade, que en el caso de que hubiera indicios racionales de ilicitud penal sus actividades, dicte resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, tal y como establece la ley.

Además, le emplaza a impugnar los actos y acuerdos del Patronato contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación, a solicitar a la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la misma y a ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos, instando su cese inmediato.