Manuel Pastrana pide a la juez Núñez que suspenda por enfermedad su declaración por los ERE

El ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que, dada la enfermedad que padece, deje sin efecto su citación como investigado para el próximo día 19 de octubre por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Pastrana asegura que, debido a la enfermedad que padece, su patrocinado "se encuentra imposibilitado para desplazarse al Juzgado para prestar declaración", por lo que solicita a la juez que, una vez aportada la documentación acreditativa, "acceda previo informe del médico forense a dejar sin efecto" la citación.

El letrado manifiesta que, "de la circunstancia de su grave enfermedad, tiene conocimiento" el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que le citó a declarar como imputado el 3 de noviembre de 2014 dentro de la investigación por un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT mediante facturas falsas, "sin que pudiera llevarse a efecto, previo informe en ese sentido del médico forense y con conformidad del Ministerio Fiscal".

En este escrito consultado por Europa Press, el letrado pide que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución que consagra el derecho a la intimidad, la documentación justificativa de dicha enfermedad sea aportada mediante comparecencia en la Secretaría del Juzgado "para su examen por el Ministerio Público y médico forense, limitándose las partes personadas que lo soliciten a su exhibición".

Y ello "dado que la documentación que justifica la gravedad de las enfermedades" de su cliente "le afecta a su esfera de la intimidad y que no resulta de interés para la causa y para el resto de investigados", manifiesta el letrado, que no obstante "acatará la resolución que sobre el particular acuerde" la juez.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada requiere a la defensa de Pastrana para que, en el plazo de tres días, aporte documentación "acreditando dicha enfermedad", tras lo que acordará "lo procedente".

LA JUEZ CITA A DOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE AZNAR

Cabe recordar que la juez ha citado a declarar los días 17 y 19 de octubre a 12 de las 25 personas investigadas por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

Así, la magistrada ha citado a declarar el día 17 de octubre a la ex secretaria general de Empleo y a la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Ese mismo día, la juez cita como investigados al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004, y a un 'intruso'.

De igual modo, la instructora ha citado el 19 de octubre a Manuel Pastrana; a Víctor Fernández, en su condición de responsable del Sector Minero de la Federación de Industrias Afines de la UGT (FIA-UGT) en 2003; a Luciano Gómez, como secretario general de FIA-UGT en Huelva, y a Juan Manuel Moreno Valero, en su condición de secretario de Finanzas de la Federación de Industria de CCOO.

El día 19 de octubre, también deberán comparecer ante la magistrada Rafael Varea, en su condición de secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y un segundo 'intruso'.

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra un total de 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar referidas; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

'INTRUSOS'

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Córdova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica "ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado" de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que "nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica" y a la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que "como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".

Asimismo, la instructora señala "el papel jugado" en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales "y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter".

A su juicio, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".