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El Gobierno da luz verde a los nuevos recortes en el sector público

Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado este viernes que el ahorro del gasto del conjunto de las administraciones públicas en 2012 alcanzó los 30.000 millones de euros, tanto por el recorte de las partidas destinadas a personal como por otras medidas adoptadas de racionalización del sector público. Este dato lo ha encuadrado Sáenz de Santamaría dentro del anuncio de un proyecto de ley de racionalización del sector público, necesario para suprimir e integrar organismos de la administración y aligerar su peso, y que también servirá para simplificar los trámites administrativos.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros de este viernes. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha conocido también el informe de ejecución de las medidas previstas para 2013 en el informe de la CORA, la comisión para racionalizar la administración española. Según ha dicho, el 20 por ciento de las mismas están finalizadas y el resto, ya en ejecución.
La vicepresidenta ha asegurado que en febrero, el Gobierno podrá cerrar el cálculo del ahorro que estas medidas están produciendo, una vez que conozca la ejecución presupuestaria el año pasado.
Santamaría ha repasado el amplio conjunto de leyes y reformas aprobadas a sugerencia del informe CORA y ha destacado las que han servido para reducir la administración y sus gastos, mejorar la unidad de mercado y erminar con las facturas en el cajón. Sobre este último apartado, ha subrayado la importancia de la ley contra la morosidad y el hecho de que el Estado haya bajadio de 37 a 35 días el plazo de pago a sus proveedores.
Este viernes, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de racionalización del sector público porque es necesaria una ley para suprimir o aglutinar determinados órganos, ha explicado la vicepresidenta. Con esta norma, por ejemplo, se suprime la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y sus funciones pasan al Instituto Nacional de la Mujer, con funciones ampliadas (la dirección era ya común en esta legislatura); la Sociedad estatal España Expansión Exterior se integrará en el ICEX y el Instituto Nacional de Consumo se fusionará con la Agencia de seguridad alimentaria, entre otros cambios, pasando a llamarse Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Ante la existencia de dos órganos con competencias similares en materia de juventud, de fuerte presencia de las Comunidades Autónomas, como son el Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud, se suprime el primero y el segundo tendrá las funciones que deben permanecer en la Administración. Sin embargo, se permite que el primero pueda continuar su actividad configurado como una entidad corporativa de base privada.
La norma servirá también para simplificar trámites administrativos, que permitirá por ejemplo la existencia de una licencia deportiva única para todo el país, o que el BOE sea el buzón al que dirigirse para consultar si un ciudadano está inmerso en cualquier procedimiento.
Cuentas bancarias y Tribunal de Cuentas
Se introducen mejoras normativas para evitar la proliferación de cuentas bancarias de titularidad de las distintas unidades de la administración del Estado, que hace que asciendan hoy a más de cuatro mil. Con la reforma operada se refuerza el control por el Tesoro, habilitando al ministro de Economía a que determine todas las condiciones de utilización de las cuentas de manera centralizada. Ello va a llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar su dispersión y obtener condiciones económicas homogéneas y más ventajosas.
También en el ámbito de la gestión de medios de la Administración General del Estado, se crea un registro de vehículos no integrados en el Parque Móvil, con el objeto de reforzar el control de los mismos y aplicarles medidas de gestión similares a las operadas en aquel organismo, que han comportado importantes ahorros.
Por otra parte, se habilitan cambios normativos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para permitir que dicho Tribunal, en las Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido órgano de control externo propio, pueda establecer secciones territoriales para el cumplimiento de sus funciones.
El Proyecto de Ley modifica el régimen jurídico de los consorcios administrativos, regulando su disolución, con lo que se cubre una laguna que había hasta ahora impedido liquidar los que ya se consideraban innecesarios.
Datos de ahorro
Sáenz de Santamaría ha aprovechado este anuncio para informar sobre los efectos que las medidas de ajustes anteriores han tenido para las arcas públicas. Así,  ha indicado que el ahorro del gasto del conjunto de las administraciones públicas en 2012 alcanzó los 30.000 millones de euros, tanto por el recorte de las partidas destinadas a personal como por otras medidas adoptadas de racionalización del sector público.
La vicepresidenta ha asegurado que este ahorro desmiente las afirmaciones de que la reducción del déficit público se ha conseguido más por el incremento de los impuestos que por la reducción del gasto público. "No es así", aseguró.
Además, indicó que dicho ahorro ha permitido que el Estado pueda destinar 10.000 millones de euros más tanto al pago de los intereses de la deuda pública como a la partida de la prestación por desempleo.