Lesmes defiende la imparcialidad de Conde-Pumpido y recuerda que Barberá puede recusar al juez

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defendido la imparcialidad del juez instructor del alto tribunal Cándido Conde-Pumpido en la investigación que afecta a la senadora Rita Barberá y ha recordado que si la exalcaldesa de Valencia ve "contaminada" la causa, por el hecho de que el magistrado fue fiscal general del Estado designado por un gobierno socialista, tiene derecho a la recusación.

Así lo ha manifestado cuando ha sido preguntado, en un desayuno organizado por la editorial Lefebvre-El Derecho, por la comparecencia de Barberá -aforada por su escaño en la Cámara Alta-- ante Conde-Pumpido por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'.

Ante esto, el presidente del CGPJ ha destacado que Conde-Pumpido fuese fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no perjudica a la investigación contra Barberá: "el ejercicio de una magistratura no contamina a quién la ejerce, ni le hace perder su imparcialidad por sí misma", ha asegurado.

Así pues, ha recordado que si Barberá considera que su investigación por blanqueo de capitales está "contaminada", puede ejercer su derecho al uso de la recusación "y no lo ha hecho", ha añadido.

EL AFORAMIENTO Y LA ACUSACIÓN POPULAR ESTÁ "ÍNTIMAMENTE UNIDO"

Durante su intervención, Lesmes ha subrayado que los partidos políticos y sindicatos no deben ejercer la acusación popular, ya que se utiliza esta figura con el fin político de "aplastar" a la formación adversaria. También, ha afirmado que el aforamiento está "íntimamente unido" a la acción popular, pues, a su juicio, es un "mecanismo de defensa frente al uso y abuso de la acusación popular".

Lesmes ha señalado que en los grandes casos de corrupción hay partidos políticos acusados y las formaciones contrarias se encuentran como acusaciones populares. Es el caso de la instrucción contra la exalcaldesa valenciana en la que la personación del PSOE ha sido aceptada tras el pago de una fianza de 3.000 euros.